La salud rural, mucho peor

El informe Índice de Salud Rural 2024 (presentado por el Centro de pensamiento Así vamos en salud) expone una realidad alarmante: el 37,3% de los hospitales públicos rurales enfrenta riesgo financiero, y solo el 41,1% de la población rural tiene acceso a alcantarillado.

Estas cifras evidencian un abandono estatal que afecta directamente la vida de miles de colombianos.

La escasez de médicos agrava la situación.

Mientras algunas zonas urbanas cuentan con más de 100 médicos por cada 10.000 habitantes, 116 municipios rurales apenas tienen uno.

Además, la limitada conectividad impide el uso de la telemedicina, restringiendo aún más el acceso a servicios esenciales.

El bajo control prenatal y la mínima cobertura de mamografías aumentan los riesgos para la salud materno infantil y la detección temprana de cáncer.

La violencia contra las mujeres en municipios rurales añade otro componente crítico a esta crisis.

La falta de atención a la salud mental también refleja las carencias del sistema.

La reforma a la salud que necesita Colombia no es acabar las EPS matándolas por asfixia, como lo está haciendo este gobierno, sino extendiendo los servicios a todo el país.

La situación de la salud muestra que tenemos un gobierno que habla mucho del tema y, en lugar de mejorar el sistema, lo está acabando.

Cerrar estas brechas requiere inversión en infraestructura, mejor distribución del talento humano y acceso a tecnología.

La implementación de centros de salud digitales con internet satelital podría facilitar diagnósticos remotos y atención continua.

Las alianzas público-privadas son claves para fortalecer el sistema.

El país no puede seguir ignorando la salud rural.

Es necesario un esfuerzo intersectorial que involucre al Estado, sociedad civil y sector privado.

Garantizar servicios básicos y atención de calidad a estas comunidades es una deuda histórica que no puede esperar más.

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