Cali, noviembre 19 de 2026. Actualizado: jueves, noviembre 19, 2026 12:16

Los operativos contra la delincuencia deben continuar con toda contundencia, pero el presidente debe exigir resultados sin exponerse a controversias que terminen favoreciendo a los criminales.

Mano dura contra el crimen, dentro de la ley

Mano dura contra el crimen, dentro de la ley
Foto: Presidencia de Colombia
jueves 19 de noviembre, 2026

Los megaoperativos contra la delincuencia deben continuar, es necesario capturar a los criminales, desarticular las organizaciones que atemorizan a los ciudadanos y garantizar que sobre los responsables de los delitos caiga todo el peso de la ley.

Colombia necesita una ofensiva permanente y contundente contra el crimen, y eso no debería estar en discusión.

Lo que sí merece una reflexión es el papel que está desempeñando el presidente Abelardo De la Espriella en esos procedimientos, especialmente después de la controversia judicial por el trato que dio a algunos capturados.

El respeto de los derechos de los detenidos no significa indulgencia con los delincuentes ni constituye un obstáculo para combatirlos.

Significa que deben ser procesados y sancionados conforme a la ley, con todas las garantías que establece la Constitución.

El propio presidente, reconocido abogado, debería ser el primero en comprender la importancia de respetar esos límites.

De la Espriella no necesita protagonizar careos con criminales ni convertir las capturas en espectáculos para demostrar autoridad.

Su responsabilidad es mucho mayor: dirigir la política de seguridad, garantizar los recursos necesarios y exigir a la Policía resultados permanentes, con la misma contundencia cuando él está presente y cuando no lo está.

Una estrategia de seguridad no puede depender de la participación personal del mandatario en los operativos.

Su eficacia debe medirse por la reducción de los delitos, las capturas, las condenas y el debilitamiento de las estructuras criminales, no por las imágenes que produzca cada intervención.

Además, los excesos en el trato a los detenidos terminan convirtiéndose en un regalo para quienes buscan justificar o romantizar la delincuencia. Cada error del presidente les ofrece argumentos para presentar a los criminales como víctimas y desviar la atención del daño que estos han causado a la sociedad.

El Gobierno no puede permitir que sus propias actuaciones terminen debilitando una ofensiva que el país necesita. La firmeza contra el crimen debe ir acompañada de disciplina institucional y respeto absoluto por los procedimientos legales.

El presidente debe concentrarse en conseguir que las autoridades persigan a los delincuentes todos los días, no en enfrentarse personalmente con ellos. La verdadera mano dura es la que produce resultados, respeta la ley y no les deja excusas a los defensores del crimen.

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