Caso Juliana Guerrero: el mensaje equivocado

La elección del rector de la Universidad Popular del Cesar dejó una escena difícil de explicar.

La delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior de esa institución fue Juliana Guerrero, una funcionaria que enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento público relacionados con la obtención de sus títulos universitarios.

Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar la justicia, el problema central es el mensaje político e institucional que se transmite cuando una persona en esa situación representa al gobierno en la elección de la máxima autoridad académica de una universidad pública.

La controversia no es menor. Según la investigación, los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que Guerrero presentó para respaldar su hoja de vida habrían sido expedidos sin que se cumplieran los requisitos legales.

La Fiscalía sostiene que la funcionaria no habría asistido a clases ni presentado las pruebas Saber exigidas para graduarse.

La audiencia de imputación que estaba programada en su contra tuvo que ser aplazada porque no se presentó.

Sin embargo, la funcionaria sí asistió a la sesión del Consejo Superior en la que se eligió al rector de la Universidad Popular del Cesar, lo que generó aún más cuestionamientos sobre su permanencia en esa representación oficial.

En cualquier democracia seria, la educación superior es un espacio donde deben prevalecer el mérito, la formación y la transparencia.

Por eso resulta particularmente delicado que una persona señalada de haber obtenido de manera irregular sus títulos universitarios participe en decisiones de alto nivel dentro de una institución académica.

El asunto se vuelve todavía más complejo cuando desde el propio gobierno se minimizan los cuestionamientos o se sale en defensa de la situación. La señal que se envía es profundamente equivocada.

Lo que está en juego no es únicamente el caso individual de una funcionaria. Lo que está en discusión es el valor que el Estado le da al conocimiento, al esfuerzo académico y a la honestidad en la formación profesional.

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