Colombianos, a pagar más por todo

La reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, que busca recaudar 26 billones de pesos, es inconveniente para el país.

Más allá de los discursos, sus efectos recaerán sobre los hogares de menos recursos, pues plantea alzas en combustibles y servicios que encarecerán la vida diaria de millones de colombianos.

El aumento del IVA a productos de consumo masivo y la introducción de gravámenes a la gasolina afectará directamente la economía popular.

En un país donde el transporte es transversal, cualquier alza en los combustibles repercute en la cadena de precios: desde los alimentos hasta los servicios, el impacto se siente en cada bolsillo, incluso en quienes no poseen un vehículo.

La paradoja es evidente. Petro llegó al poder criticando reformas similares, como la de Iván Duque en 2021, que detonó un estallido social.

Sin embargo, ya ha promovido tres reformas tributarias: una aprobada y sentida en los bolsillos, otra fallida y esta tercera que podría ser aún más gravosa.

¿Por qué presentarla en un año electoral, con baja ejecución presupuestal y en medio de escándalos de corrupción como el de los carrotanques de la Ungrd, del que se siguen conociendo detalles asqueantes?

En lugar de simplificar y estimular la inversión, el gobierno cierra fuentes de ingresos como las minero-energéticas, golpea a Ecopetrol con sus decisiones y pretende compensar metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos.

La fórmula correcta para unas finanzas sanas es gastar menos de lo que se tiene, no someter a las familias y a los emprendedores a cargas tributarias cada vez más asfixiantes.

Los congresistas tienen hoy la responsabilidad de rechazar este despropósito y los ciudadanos el deber de vigilar quiénes están dispuestos a aprobarlo.

En democracia, las urnas también son un mecanismo para castigar reformas que agravan la pobreza y ahogan el aparato productivo.

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