Secuestro, más allá del caso Lyan

La liberación de Lyan Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en Jamundí, trajo un respiro momentáneo al país. Pero el alivio duró poco.

Horas después, un comerciante fue raptado en Santander de Quilichao mientras hacía deporte. Y en Cali, aunque las autoridades aseguran que no hay evidencia de una nueva ola, crecen las versiones sobre presuntos secuestros exprés en el sur de la ciudad. Frente a estos hechos, no cabe la indiferencia ni la subestimación.

Aunque el caso de Lyan no se trató de una extorsión sino de una retaliación por un supuesto ajuste de cuentas relacionado con el pasado criminal de su padre, su secuestro no deja de ser un acto brutal que demuestra el riesgo que enfrentan los menores en contextos marcados por la violencia y la impunidad.

Nada justifica que un niño sea usado como mecanismo de presión. Es un delito que revela hasta dónde ha llegado la descomposición.

El secuestro, en general, volvió a crecer en Colombia. Según el propio Ministerio de Defensa, hasta el año pasado, este delito aumentó un 70 % durante el actual gobierno, junto con un incremento de casi 30 % en los casos de extorsión.

Y mientras esto ocurre, el gobierno nacional insiste en ceses bilaterales con grupos armados y les otorga beneficios que, lejos de frenarlos, les han dado margen de maniobra para seguir delinquiendo.

La posible reaparición de los secuestros exprés, una modalidad que causó terror urbano en el pasado, debe ser enfrentada con inteligencia y acción oportuna.

No basta con decir que no hay denuncias formales, pues ante este tipo de delitos, muchas familias pagan y callan por miedo.

La prioridad debe ser proteger la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. El gobierno nacional tiene la palabra.

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