Bombardear no es retroceder, es proteger

La orden de ofensiva militar contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el oriente del país es una decisión necesaria.

No se trata de celebrar la fuerza por la fuerza, sino de reconocer que estas estructuras armadas han incrementado su capacidad de daño durante el actual gobierno, incremento que no ocurrió por azar.

Ocurrió después de la suspensión de bombardeos, la reducción del presupuesto en seguridad y la implementación de ceses “bilaterales” que solo cumplió la Fuerza Pública.

En ese escenario, los grupos ilegales avanzaron en ocupación territorial y fortalecieron economías criminales como narcotráfico, minería ilegal y extorsión.

Mientras tanto, comunidades enteras viven bajo amenaza. Los recientes atentados en Tunja, los ataques continuos en Jamundí y el demencial atentado contra la base aérea en Cali son ejemplos graves.

También continúan los desplazamientos masivos y los confinamientos en zonas rurales. Cada uno de esos hechos golpea directamente a la población civil.

La protección de la población es la obligación constitucional del jefe de Estado, por eso, cuando el presidente ordena una ofensiva contra los responsables de esos ataques, actúa en línea con esa responsabilidad que no ha asumido durante gran parte de su mandato.

Por ello, esta decisión no puede ser excepcional ni aislada, debe ser el inicio de una política clara. El uso legítimo de la fuerza es parte esencial de la protección ciudadana.

El diálogo es deseable, pero solo funciona cuando existe voluntad real de paz, y en Colombia, los grupos armados han recibido concesiones sin demostrar esa voluntad.

La seguridad nacional requiere coherencia. Si un grupo ataca civiles, extorsiona, desplaza y asesina, el Estado debe confrontarlo. Colombia no puede permitir que los criminales fijen las reglas.

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