Sancionar a la legalidad no debilita al narcotráfico

La tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia introduce un riesgo que va más allá del debate personal entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la estabilidad económica de un país que depende en gran parte de su relación comercial con Estados Unidos.

Medidas como la imposición de nuevos aranceles o sanciones generalizadas pueden terminar golpeando a miles de empresas formales y a millones de familias que nada tienen que ver con las decisiones del actual gobierno.

Colombia es un país mayoritariamente legal. Cientos de empresas exportadoras se sostienen gracias a la estabilidad de ese comercio, y miles de trabajadores dependen de él.

Si esas exportaciones se encarecen o se bloquean, el espacio que quede lo ocuparán con rapidez las economías ilegales que tanto se han fortalecido en los últimos años.

Un grave peligro. El narcotráfico no sufre con los aranceles, porque no usa aduanas ni declara mercancías, sufre es la legalidad: agricultores, pequeñas y medianas industrias, empresas exportadoras de café, aguacate, flores, azúcar y cientos de productos más.

Por eso, castigar a la economía formal en nombre de la lucha contra el narcotráfico sería un error estratégico.

Colombia ya enfrenta la expansión de grupos criminales que se fortalecieron con decisiones del actual gobierno que limitó la acción de la fuerza pública.

Si a esa realidad se suma el debilitamiento del comercio legal, el resultado sería el crecimiento aún mayor de las economías ilegales, desde el narcotráfico hasta la minería criminal.

Si existe información o indicios contra funcionarios del gobierno colombiano, los correctivos deben dirigirse hacia esas personas, no hacia toda la población.

No se puede castigar a un país entero por las decisiones de un gobierno que, además, ya está en su recta final.

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