Una consulta inconveniente por donde se le mire

El presidente Gustavo Petro insiste en acudir a una consulta popular para decidir el destino de su reforma laboral, luego de que esta fuera archivada en el Congreso.

Más allá de lo simbólico, este anuncio refleja una peligrosa desconexión con la realidad institucional, fiscal y productiva de Colombia.

Desde el punto de vista técnico, este tipo de reformas no puede estar sujeto al deseo o la emoción del momento.

Sería muy fácil venderle al país una idea populista preguntando si se quiere trabajar menos horas y ganar más.

Eso, aunque suene ideal, sería una medida irresponsable que pondría en jaque al aparato productivo.

El 99,8 % de las empresas del país son micro, pequeñas o medianas (Mipymes), y la mayoría no soportaría un aumento súbito en los costos laborales sin verse obligadas a despedir trabajadores o incluso cerrar.

Además, el registrador nacional Hernán Penagos advirtió que realizar la consulta en este mismo año es legalmente inviable si se pretende hacerla junto con otros comicios.

Esto afectaría la logística electoral, la comprensión ciudadana del proceso y el correcto desarrollo de la jornada democrática.

Es decir, hay impedimentos legales y operativos que no pueden ignorarse.

Por otro lado, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el costo de la consulta, cercano a los $700 mil millones, comprometería aún más el ya frágil presupuesto nacional.

Realizar una consulta en este contexto económico significaría recortar otros rubros del gasto estatal, poniendo en riesgo programas prioritarios y afectando la calificación crediticia del país.

Claro que se deben revisar y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Pero hacerlo a través de una consulta populista, improvisada y con enormes costos, no solo es innecesario, sino profundamente inconveniente.

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