El conflicto sigue: el Catatumbo y la guerra que nunca terminó

Por: Rosa María Agudelo – Directora Diario Occidente

El Catatumbo es hoy uno de los epicentros del conflicto en Colombia. Disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se disputan el control del narcotráfico y otras economías ilegales, dejando a miles de personas en medio del fuego cruzado.

Mientras los homicidios aumentan, las comunidades son obligadas a desplazarse o a confinarse, el Estado no logra consolidar su presencia.

La política de paz total avanza lentamente, con diálogos frágiles y una violencia que no cede.

Observar esta realidad me impide ser optimista sobre un final cercano del conflicto armado, sobre todo porque es la misma realidad que se vive en el Pacífico.

En 35 años de periodismo, he sido testigo de su transformación: de las tomas guerrilleras y secuestros masivos en los 90 a un conflicto fragmentado y desbordado por el narcotráfico en la actualidad. La guerra ha cambiado de forma, pero el sufrimiento de la gente permanece inalterable.

Actualmente, la minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados en Colombia.

En regiones como Antioquia y Chocó, el control de minas de oro genera enfrentamientos entre disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales.

En Guaviare, la extracción de coltán, conocido como ‘oro negro’, también alimenta el conflicto. Estos recursos han provocado desplazamientos masivos y severos daños ambientales.

Además, en el Catatumbo y en zonas como La Gabarra y Arauca, la economía extractiva del petróleo también juega un papel clave en el conflicto.

¿Cómo pasó el conflicto del narcotráfico a la guerra armada?

Mis primeros años en el periodismo estuvieron marcados por la violencia y el terrorismo del narcotráfico. Las guerras entre los carteles de Medellín y Cali dominaban los titulares, hasta que la caída de los grandes capos cambió el escenario.

A medida que estas estructuras se desmoronaban, el conflicto armado entre guerrillas, paramilitares y el Ejército y la Policía se intensificó.

De repente, las tomas guerrilleras, los secuestros masivos y las masacres se convirtieron en parte del día a día informativo.

La guerra dejó de ser solo un negocio del narcotráfico y se convirtió en un enfrentamiento territorial entre actores armados que disputaban el control de economías ilegales y zonas estratégicas del país.

Cubrir el conflicto armado en Colombia: periodismo en la línea de fuego

Fueron muchas las tomas que registramos en Notipacífico, pero una quedó grabada en mi memoria: la incursión en Pance, Valle del Cauca.

Nuestro equipo quedó atrapado en el fuego cruzado, y nuestro camarógrafo captó el instante en que una bala pasó a centímetros de un colega. Ahí entendí que cubrir la guerra en Colombia no era solo informar: era sobrevivir.

Entre 1995 y los diálogos del Caguán en 1999, el conflicto se volvió aún más peligroso. Reportamos casos como el secuestro masivo en la iglesia La María, el del kilómetro 18 y el secuestro de los diputados del Valle, cuyo asesinato en 2007 fue una de las noticias más desgarradoras que tuve que transmitir.

En tomas guerrilleras emblemáticas como Miraflores y Mitú, la Policía sufrió grandes bajas, con cientos de uniformados secuestrados y asesinados por la insurgencia. Pero el peligro no solo venía de las balas.

Cuando informar era un riesgo: presiones de todos los bandos

Durante los años más intensos del conflicto, los periodistas éramos vistos como enemigos por todas las partes. Un simple titular podía desatar una amenaza.

Durante los diálogos del Caguán, un grupo de artistas lanzó fuertes críticas a las FARC. En el noticiero titulamos: ‘Los artistas le cantaron la tabla a Tirofijo’.

Minutos después de la emisión, recibimos una llamada de la guerrilla para pedirnos ‘más cuidado’ con el lenguaje. No era una sugerencia

Las presiones también venían del Ejército. Durante la toma de Cerro Tokio, ocurrida el sábado 10 de marzo de 2001 en Dagua, Valle del Cauca, inicialmente se reportó la desaparición de 300 infantes de marina, lo que generó un ambiente de extrema tensión.

Nuestro equipo llegó antes que las tropas. Los combates se extendieron durante todo el puente festivo, dejando un saldo de 14 militares y un civil muertos, además de 19 heridos. El martes siguiente, fuimos citados por el Ejército para dar ‘explicaciones’.

Nos acusaban de saber del hecho con anterioridad y tuvimos que justificar nuestra presencia en la zona.

Fue una de las situaciones más tensas que he afrontado en mi carrera. La realidad era otra: los camiones militares se retrasaron en un tanqueo y nosotros habíamos salido temprano a cubrir la situación.

En aquellos años, la paranoia era tal que todos éramos sospechosos. Después de estos hechos la relación con el Ejército no volvió a ser la misma.

Del riesgo a la cautela: cómo cambió la cobertura del conflicto

Con el tiempo, aprendimos a manejar el riesgo. Al inicio, buscábamos la primicia, pero entendimos que eso nos exponía.

Aprendimos a cubrir la guerra con distancia, priorizando a las víctimas y evitando ser parte del conflicto. Informar la verdad, sin ser actores dentro de la guerra, ha sido una de nuestras mayores responsabilidades

La desmovilización de los paramilitares y el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 dieron un respiro. Por primera vez en décadas, la violencia cedió en algunas regiones. Pero la guerra nunca terminó.

El panorama del conflicto ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy, ya no es un enfrentamiento entre dos o tres bandos identificables.

Es una lucha territorial entre múltiples actores: disidencias de las FARC, ELN, carteles del narcotráfico y más de 23 bandas criminales que operan sin freno.

El conflicto en cifras: la magnitud de la violencia en Colombia

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en el 2022, entre 1985 y 2018 el conflicto armado dejó aproximadamente 450.664 personas asesinadas de las cuales el 80% fueron civiles, con estimaciones que podrían alcanzar hasta 800.000 víctimas al considerar el subregistro.

Además, se registraron 121.768 casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016, cifra que podría aumentar a 210.000 víctimas al incluir posibles subregistros.

En cuanto a los secuestros, entre 1990 y 2018 se documentaron 50.770 víctimas, con una estimación que podría llegar a 80.000 al considerar el subregistro.

Respecto al desplazamiento forzado, hasta 2019 se contabilizaron aproximadamente 7,7 millones de personas desplazadas internamente debido al conflicto armado.

El reclutamiento forzado de menores ha sido otra de las graves afectaciones del conflicto. Entre 1990 y 2017, se documentaron 16.238 casos, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores debido a la falta de registros en zonas controladas por grupos armados.

Las FARC, el ELN y grupos paramilitares utilizaron a niños y adolescentes como combatientes, informantes y escudos humanos.

En regiones como Antioquia, Meta, Guaviare, Caquetá y Cauca, el reclutamiento infantil fue una estrategia sistemática que despojó a generaciones enteras de su niñez y su futuro.

La violencia sexual también estuvo presente en estos procesos, con denuncias de abusos y control reproductivo forzado en las filas de las guerrillas

Es importante destacar que estas cifras corresponden a datos recopilados hasta 2018, pero la violencia no ha cesado.

En enero de 2025, la región del Catatumbo experimentó una de las peores crisis humanitarias debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, resultando en al menos 60 muertos y 32.000 desplazados.

El conflicto hoy: más fragmentación, menos control estatal

El conflicto armado en Colombia no solo persiste, sino que se ha fragmentado aún más en los últimos años.

Según un informe de Human Rights Watch de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han incrementado su presencia, controlando más de la mitad de los municipios del país.

Aunque las cifras exactas pueden variar según las fuentes, la tendencia general indica una expansión de estos grupos en el territorio nacional.

Algunos analistas, indican que las disidencias de las FARC pasaron de operar en 56 municipios al final del gobierno de Juan Manuel Santos a 180 municipios en la actualidad.

El ELN ha expandido su presencia de 99 municipios en 2018 a 220 hoy en día.

El Clan del Golfo ha seguido un patrón similar, consolidándose en aproximadamente 280 municipios.

El mapa de la Defensoría del Pueblo de febrero de 2025 muestra que la crisis humanitaria sigue escalando.

Solo en enero de 2025, 11.896 personas fueron confinadas, 5.452 fueron desplazadas forzadamente y 27 fueron asesinadas en medio de la disputa territorial entre grupos armados.

La violencia es particularmente intensa en el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Chocó y la Sierra Nevada, donde múltiples actores armados luchan por el control del narcotráfico y otras economías ilegales.

Además de los grupos ya conocidos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, han surgido nuevas estructuras criminales con fuerte presencia regional, como Los Shotas, Los Espartanos y los Comuneros del Sur.

La expansión del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia también ha intensificado la disputa en Putumayo y Nariño, demostrando que el conflicto sigue mutando y diversificándose.

Este crecimiento de los grupos armados ha deteriorado la seguridad y aumentado las extorsiones. Expertos advierten que la fragmentación criminal podría prolongarse al menos 18 meses antes de mejorar.

En este contexto, urge reconstruir la inteligencia del Ejército y la Policía, reformular la estrategia territorial y fortalecer un sistema penitenciario que realmente resocialice

¿Cómo evitar que el conflicto defina el futuro del país?

Después de 35 años cubriendo la guerra, sigo preguntándome: ¿alguna vez viviremos en paz o simplemente seguiremos acostumbrándonos a la guerra y a sus mutaciones?

Más allá de la reflexión, lo que importa es lo que viene. No podemos permitir que el dolor de la guerra se siga transmitiendo de generación en generación, perpetuando el sufrimiento y la desesperanza.

Como sociedad, debemos romper el ciclo de la violencia y apostar por la construcción de una paz real y duradera. El país no puede seguir en este ciclo infinito de violencia.

El control territorial no es un dilema entre fuerza o inversión. Es ambas cosas. El Estado debe combatir sin titubeos a los grupos armados, pero también garantizar oportunidades reales para que las comunidades no dependan de economías ilegales.

El periodismo tiene la responsabilidad de seguir registrando la realidad, pero también de señalar caminos que permitan salir del laberinto de la violencia.

La guerra cambió, pero aún estamos a tiempo de evitar que siga definiendo el futuro del país.

Desde la sala de redacción: 35 años de periodismo

Este proyecto es una mirada al pasado, al presente y al futuro de Colombia a través de la experiencia periodística.

He sido testigo y cronista de los momentos que han definido al país: la Constitución del 91, el narcotráfico, el conflicto armado, la crisis energética y los procesos de paz, entre otros.

A través de estas crónicas, busco no solo recordar, sino entender las lecciones que el tiempo nos ha dejado.

Porque el periodismo no es solo contar la historia, sino cuestionarla y, en ocasiones, desafiarla.

📖 Encuentra las anteriores entregas de nuestra sección aquí;

Periodismo: un oficio al servicio de la gente 

Constitución de 1991: el pacto que transformó a Colombia

La historia se repite: del apagón de los 90 a la crisis energética de 2025

Narcotráfico: 35 años de un enemigo que se reinventa

Mujer y periodista; treinta y cinco años, esa es mi historia

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