El reclutamiento forzado amenaza a la infancia indígena del Cauca pese al Acuerdo de Paz

En el departamento del Cauca, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas persiste como una práctica que pone en riesgo los derechos fundamentales de la infancia.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, documentó en un informe reciente cómo este fenómeno se mantiene vigente y se adapta a nuevas formas, incluso después del Acuerdo de Paz.

La investigación, realizada entre 2024 y 2025 por el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, revela que las comunidades indígenas continúan siendo blanco de grupos armados ilegales que, mediante amenazas, engaños o presiones, vinculan a menores de edad a sus filas.

El informe sostiene que esta práctica representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino una amenaza al tejido social y cultural de los pueblos originarios.

Los testimonios incluidos en el documento provienen de líderes comunitarios, madres buscadoras y jóvenes desvinculados.

Según los hallazgos, el reclutamiento forzado afecta especialmente a menores entre los 13 y 16 años, edades en las que se incrementa el riesgo debido a la falta de oportunidades, la pobreza y la histórica presencia de actores armados en los territorios.

Causas estructurales y consecuencias comunitarias

Entre 2022 y 2024, el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC identificó al menos 304 casos de reclutamiento forzado en comunidades indígenas del Cauca, concentrados principalmente en los municipios de Toribío, Caldono, Jambaló, Corinto, Inzá y Miranda.

Estas cifras corresponden solo a casos documentados por organizaciones comunitarias, lo que sugiere un subregistro aún mayor.

De acuerdo con el informe, el 83% de las víctimas eran adolescentes entre los 13 y 17 años, mientras que el 17% restante eran niños y niñas de entre 9 y 12 años.

Además, se documentó una participación creciente de niñas y adolescentes, especialmente en tareas logísticas y de vigilancia.

En cuanto a los factores de riesgo, el 72% de los casos ocurrieron en contextos de pobreza multidimensional, falta de acceso a educación secundaria y presencia histórica de actores armados ilegales.

Estas condiciones continúan siendo el escenario donde se reproduce y naturaliza el reclutamiento forzado como una salida obligada ante la ausencia de alternativas.

De acuerdo con el informe, la violencia estructural, el abandono institucional y las desarmonías familiares son factores que facilitan el reclutamiento forzado.

En zonas donde la educación, la salud y el empleo escasean, los menores quedan expuestos a redes de captación.

En algunos casos, la vinculación se disfraza de “voluntariedad”, aunque el contexto demuestra que las decisiones se toman bajo presión o en condiciones de vulnerabilidad.

El documento también señala que esta problemática no se limita al uso de menores como combatientes. Muchos niños y niñas son obligados a realizar tareas logísticas, actuar como mensajeros o apoyar en labores de inteligencia, lo cual constituye una forma indirecta de participación en la guerra.

Las consecuencias son amplias. A nivel individual, los menores ven interrumpido su desarrollo y sus proyectos de vida. A nivel comunitario, se produce una fragmentación del tejido social y un debilitamiento de los valores tradicionales.

El CRIC advierte que esta situación puede derivar en un proceso de etnocidio, al atacar las bases culturales de los pueblos indígenas.

Acciones desde los territorios

Frente a esta realidad, el CRIC promueve estrategias de prevención y protección basadas en la cultura, la espiritualidad y el cuidado comunitario.

Una de ellas es el programa de Enraizamiento, que busca recuperar prácticas ancestrales, fortalecer la identidad indígena y generar alternativas para que los menores permanezcan en sus comunidades.

El informe también hace un llamado a las autoridades nacionales a cumplir con las obligaciones legales en materia de protección de la niñez.

Aunque existen leyes y tratados internacionales que prohíben el reclutamiento forzado, su implementación en los territorios sigue siendo insuficiente.

Desde el Cauca, la consigna es clara: “No parimos hijos para la guerra”. El mensaje, reiterado por madres y autoridades tradicionales, busca visibilizar una problemática que, aunque histórica, aún no ha sido resuelta.

Comments