Polémica por retraso en traslado de cabecilla a La Picota

Una polémica ha generado el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, reconocido jefe de la banda criminal “La Inmaculada” en el municipio de Tuluá.

El cabecilla sigue recluido en condiciones polémicas en la estación de Policía “Los Mártires” en Bogotá, a pesar de una orden judicial que ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota.

Como se recordará, el pasado 24 de septiembre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, en La Guajira, emitió un fallo de tutela que determinaba el traslado de Marín Silva al Pabellón de Extraditables en La Picota, en un plazo máximo de 48 horas, mientras se tramita su solicitud de extradición a Estados Unidos.

La medida, según el juez Cristian Camilo López Pontón, buscaba garantizar la protección transitoria “a la vida, la seguridad y al debido proceso” del detenido, quien, según su defensa, se encontraba en condiciones indignas y ha recibido amenazas de muerte.

Explicaciones

No obstante, siete días después, Pipe Tuluá sigue alojado en la estación policial y el juez ha exigido explicaciones formales al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y a la Policía Nacional por el incumplimiento del fallo.

En su auto, el juez requirió identificar a los funcionarios responsables de ejecutar la orden y les conminó a cumplirla bajo amenaza de sanciones como multas, arrestos y posibles acciones penales por fraude a resolución judicial.

Cristian Morelli, abogado defensor de “Pipe Tuluá”, denunció que existen trabas e impedimentos, liderados presuntamente por personal del Inpec, para concretar el traslado a La Picota.

Morelli hizo referencia a la voluntad manifiesta de su defendido de contribuir al proceso de Paz Total promovido por el Gobierno, subrayando que su cliente ha expresado interés en desarme y reconciliación, siempre dentro del marco de justicia nacional.

Este retraso en el traslado ha generado malestar entre sectores judiciales y políticos, pues pone en entredicho la capacidad del Estado para hacer cumplir decisiones judiciales vinculadas a casos de alta seguridad y relevancia para la política de seguridad y justicia en Colombia.

El caso sigue abierto mientras la instancia judicial y las autoridades penitenciarias continúan en un intercambio legal que definirá la situación final de Pipe Tuluá en las próximas horas.

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