Nueva ley de salud mental en Colombia

Una encuesta reciente del Ministerio de Salud, citada por el Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM), reveló que el 66.3 % de los colombianos ha declarado haber enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de su vida, lo que evidencia una carga significativa y extendida en la población.

En este sentido, y tras su aprobación en el Congreso de la República, el Presidente de la República, Gustavo Petro, firmó recientemente la Ley de Salud Mental, con la cual se busca fortalecer el bienestar emocional de toda la población y establecer acciones concretas para la prevención, atención integral y protección de la salud mental en hogares, instituciones educativas, lugares de trabajo, centros penitenciarios y comunidades.

A través de esta norma se crea un modelo de atención integral e integrada que abarca no solo el tratamiento clínico, sino también la educación emocional, la prevención comunitaria y la garantía de entrega continua de medicamentos.

Entre sus beneficios se incluyen programas de salud mental laboral, actualizaciones periódicas en protocolos clínicos y capacitación continua del personal de salud, educación y apoyo social, con un enfoque diferencial, étnico y poblacional.

Ante esto, Carolina Zúñiga Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, afirmó que con la aprobación de esta normativa el Estado debe garantizar la protección, promoción y la atención integral de la salud mental porque fue elevada como una categoría de derecho fundamental.

Prevención y educación emocional desde la infancia

La nueva ley se centra en un modelo preventivo, comunitario y territorializado que pone énfasis en la educación emocional desde la infancia y la intervención temprana, en respuesta al creciente número de adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental.

Además, “la norma contempla la presencia de equipos básicos de salud mental distribuidos por todo el país, inclusive en zonas rurales históricamente desatendidas, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a servicios especializados”, explicó la docente.

Quien además precisó que esta se centrará en un modelo que pretende ser preventivo, comunitario, territorializado y con un énfasis en educación emocional desde la infancia y la intervención temprana.

Asimismo, las instituciones educativas, las empresas, las EPS y las entidades territoriales adquieren nuevas obligaciones para prevenir riesgos psicosociales y promover el bienestar emocional frente a señales de alerta, mediante campañas masivas que buscan erradicar el estigma asociado a los trastornos mentales y fomentar una cultura de cuidado, empatía y autocuidado.

Entre tanto César Sierra, coordinador del Programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano – sede Medellín, señaló que esta ley no solo reconoce la importancia de la salud mental en nuestro país desde una perspectiva integral y de derechos humanos, sino que también garantiza la atención prioritaria a poblaciones vulnerables, como lo son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad.

“Esta ley nos acerca a un sistema mucho más humanizado, accesible y de manera preventiva, en cuanto se resalta la promoción y prevención de la salud mental, donde precisamente la salud mental deja de ser un tema aislado para convertirse en una responsabilidad colectiva, nacional y transversal”, puntualizó.

Salud mental: Una crisis silenciosa en Colombia

En el país, las citas con psicología o psiquiatría son limitadas, con tiempos de espera que pueden superar los dos meses.

En muchas regiones, especialmente rurales o de difícil acceso, no hay suficientes profesionales disponibles.

Es por ello por lo que “Colombia atraviesa una crisis silenciosa y alarmante, con síntomas cada vez más frecuentes de ansiedad generalizada, tristeza persistente, ataques de pánico y autolesiones, incluso en poblaciones muy jóvenes”, así lo mencionó Sindy Quintero, psicóloga de los Centros Médicos Colmédica.

Quien precisó que, tras la aprobación de esta nueva ley, el primer nivel de atención debe contar en los centros de salud de baja complejidad con personal capacitado para atender crisis psicológicas, ansiedad, consumo de sustancias y otros malestares psíquicos, evitando que los casos se agraven por remisiones tardías.

Este documento reconoce, además, la vulnerabilidad de grupos como mujeres, niños, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, promoviendo la creación de facultades públicas en salud mental, consultorios psicológicos universitarios, programas comunitarios y campañas educativas para combatir el estigma, así como la transversalidad de la salud mental en los ámbitos de educación, justicia, cultura y trabajo.

Adaptación post pandemia y enfoque poblacional

Según Máncel Enrique Martínez Ramos, director de la Especialización en Epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, “la depresión sigue siendo una de las principales preocupaciones, con prevalencias que alcanzaban 15.8 % en adolescentes y que, tras la pandemia, se incrementaron notablemente, especialmente en mujeres y jóvenes”.

A este panorama se suma la visión de Luisa Fernanda Zúñiga López, directora de la Sección de Psicología Clínica de Uniagraria, quien subraya que tras la pandemia el agravamiento de los duelos y el estrés postraumático ha elevado las consultas por depresión y ansiedad a niveles sin precedentes.

Además, señaló que “existe un mayor índice en suicidios e intentos de suicidio, y los cuadros de ansiedad y depresión son ahora los motivos de consulta más frecuentes. El duelo—tanto por muertes como por rupturas afectivas—se ha vuelto un desafío social, porque durante la pandemia no se pudieron vivir los rituales habituales de despedida. Sumado a ello, la violencia en nuestro país añade una capa de trauma que los pocos profesionales de salud mental disponibles luchan por atender”.

Por otra parte, el Observatorio Nacional de Salud Mental también monitorea el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), un problema público relevante que frecuentemente coexiste con otros trastornos; además, en personas de 45 años o más, el 6.7 % presenta indicadores de psicosis, lo que refuerza la necesidad de garantizar la entrega continua de medicación y un abordaje verdaderamente integral.

De esta manera, la Ley de Salud Mental representa un avance histórico al declarar este ámbito como un derecho fundamental y al implementar un modelo preventivo, comunitario y diferenciado.

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