Estudio extranjero detalla cómo se debilitó el sistema de salud colombiano

Un editorial publicado el 26 de enero de 2026 por el British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas más reconocidas a nivel internacional, examinó las consecuencias de la reforma al sistema de salud colombiano.

Bajo el título “Cómo los políticos destruyeron el sistema de salud de Colombia”, el artículo, firmado por el Luke Taylor, describe cómo una serie de decisiones políticas transformaron un modelo antes destacado en América Latina en un sistema en crisis.

El informe comienza con una descripción de los primeros indicios del deterioro: largas filas para acceder a medicamentos, postergación de cirugías básicas y escasez de insumos médicos esenciales.

Posteriormente, se presentaron cierres en salas de maternidad, desbordes en servicios de urgencias y suspensión de programas de formación de especialistas.

El documento indica que, durante más de dos décadas, Colombia mantuvo un sistema basado en competencia regulada entre aseguradoras privadas, las EPS, con casi la totalidad de la población cubierta.

A pesar de contar con un gasto per cápita inferior al de otros países latinoamericanos, su modelo obtuvo reconocimiento por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Reformas, intervención estatal y consecuencias

Según el BMJ, el punto de quiebre llegó con la elección del presidente Gustavo Petro en 2022. Su gobierno propuso una transformación estructural del modelo, argumentando que la salud debía quedar bajo control estatal y no en manos de empresas privadas.

En 2023, ante la falta de aprobación legislativa de su reforma, se emitieron decretos para intervenir directamente el sistema.

Para 2024, el Estado tomó control de las dos EPS más grandes del país, concentrando el manejo de más del 60 % de los recursos de salud. Esta decisión desencadenó procesos judiciales y mayor incertidumbre financiera.

El editorial sostiene que, en lugar de resolver los problemas de deuda, la intervención del gobierno los amplificó, afectando a hospitales, farmacias y usuarios.

Los expertos consultados indican que el pago estatal por afiliado, conocido como UPC, fue calculado con cifras desactualizadas.

Esta diferencia provocó que las EPS gastaran más de lo que recibían, elevando la deuda total a más de 32 billones de pesos.

Como resultado, muchas instituciones comenzaron a rechazar pacientes y reducir servicios por falta de recursos.

Propuestas para evitar futuras crisis

El texto señala que el colapso actual del sistema generó propuestas como la creación de un consejo nacional de seguridad social en salud, con participación académica y técnica independiente del gobierno.

Esta iniciativa busca garantizar que el sistema de salud no dependa de decisiones políticas coyunturales.

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