Paro nacional por catastro: protestas por aumentos en avalúos

Este jueves, 9 de abril del 2026, se llevó a cabo la convocatoria de paro nacional por catastro en Cali y otras regiones del país, impulsada por gremios y ciudadanos que rechazan la actualización catastral aplicada por el IGAC.

La jornada surge por el aumento en los avalúos de predios, especialmente rurales, lo que impacta directamente el valor del impuesto predial y genera inconformidad en distintos sectores.

En Cali, la protesta se reflejó en concentraciones y bloqueos en puntos clave de la ciudad. Entre los sectores impactados se encuentra la Portada al Mar, donde se registran cierres intermitentes y congestión vehicular.

También se reportan bloqueos en la Calle 4 con 27 y en la vía Cali-Yumbo, a la altura de Dapa, lo que complica la circulación hacia zonas industriales y rurales.

Bloqueos y efectos en la movilidad

En ese contexto, las autoridades de tránsito activaron desvíos para mitigar el impacto en la movilidad. Sin embargo, el flujo vehicular continúa lento en varios puntos debido a la alta congestión.

Además, conductores reportan retrasos en sus desplazamientos habituales, en especial en sectores del occidente de Cali.

Por ello, organismos oficiales recomiendan evitar las zonas afectadas y consultar los canales institucionales para conocer el estado de las vías.

De igual forma, la jornada transcurrió con concentraciones pacíficas y bajo monitoreo de las autoridades. Hasta el momento, no se reportan hechos de alteración del orden público, aunque persisten las complicaciones en el tránsito.

Reclamos por actualización catastral

El paro nacional por catastro en Cali se enmarca en una movilización más amplia que se desarrolla en al menos nueve departamentos del país.

La protesta se dirige contra la actualización catastral, un proceso que busca ajustar los valores de los predios, pero que, según los manifestantes, presenta incrementos desproporcionados.

De acuerdo con voceros del sector agropecuario, los avalúos en zonas rurales alcanzan incrementos que superan el 2000%, lo que afecta la capacidad de pago del impuesto predial.

Gremios como Procaña señalan que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad económica del campo.

Asimismo, los manifestantes cuestionan la metodología utilizada, al considerar que incorpora variables del mercado inmobiliario que no reflejan la realidad productiva rural.

En ese sentido, solicitan revisar la Resolución 2057 de 2025 y abrir espacios de diálogo con las autoridades.

Entre las principales peticiones se encuentran la revisión de los avalúos, la suspensión de cobros considerados excesivos y la implementación de un sistema más acorde con la capacidad productiva de los predios.

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