Piden suspender licitación por alimentación a reclusos en Cali

La Personería de Cali formuló una segunda recomendación a la Secretaría de Seguridad y Justicia para que suspenda temporalmente el proceso de licitación del contrato destinado a la alimentación de personas privadas de la libertad, cuyo valor asciende a 12 mil millones de pesos.

La solicitud surge a partir de observaciones presentadas en la plataforma SECOP II por parte de la veeduría ciudadana nacional “No a la Corrupción”, firmadas por su coordinador ejecutivo, Arnulfo Molina Polo.

Esta organización solicitó un control preventivo debido a presuntas inconsistencias dentro del proceso contractual.

La Personería indicó que esta intervención tiene como finalidad garantizar los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública.

Además, señaló que la medida busca proteger el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que el servicio de alimentación para la población privada de la libertad cumpla con los estándares establecidos.

Alcaldía defiende el proceso licitatorio

En respuesta a la recomendación emitida por la Personería, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, aseguró que el proceso de licitación para el contrato de alimentación se desarrolla conforme a la normatividad vigente.

La administración distrital explicó que la contratación se ajusta a los principios legales y que se tomaron en cuenta las observaciones presentadas por los diferentes actores del proceso.

Señaló, además, que se mantiene abierta a cualquier revisión por parte de los entes de control y que colaborará con todas las instancias que lo requieran.

De igual manera, manifestó su compromiso con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos, especialmente en procesos que impactan a poblaciones vulnerables como las personas privadas de la libertad.

Indicó que el proceso licitatorio sigue su curso y que se han adoptado medidas para asegurar que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.

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