Contralorías territoriales piden al presidente electo ser incluidas en el proceso de empalme

Las 68 contralorías territoriales del país solicitaron al presidente electo, Abelardo De la Espriella, que considere su inclusión en los procesos de empalme que se adelantan como parte de la transición gubernamental, con el propósito de aportar información técnica que contribuya al fortalecimiento de la gestión pública y del control fiscal.

La solicitud fue dada a conocer por Lina Marcela Vásquez Vargas, Contralora del Valle y presidenta del Consejo Nacional de Contralores Territoriales, quien informó que el organismo remitió un comunicado al mandatario electo en el que expone las razones para incorporar a las contralorías departamentales, distritales y municipales en esta etapa de transición.

En el documento, firmado por los contralores territoriales, el Consejo señala que el fortalecimiento de las competencias de gobernadores y alcaldes debe ir acompañado de un fortalecimiento del control fiscal territorial, al considerar que una descentralización más sólida requiere organismos de control con mayor capacidad técnica y articulación con las políticas nacionales.

El comunicado también destaca que los contralores territoriales, a través de auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, seguimiento a denuncias ciudadanas y procesos de responsabilidad fiscal, cuentan con información que puede convertirse en un insumo técnico para orientar las decisiones del nuevo Gobierno y favorecer una administración más eficiente, oportuna y transparente de los recursos públicos.

Así mismo, el Consejo Nacional de Contralores Territoriales propuso establecer un diálogo institucional permanente con el Gobierno Nacional e incorporar a estos organismos de control en los procesos de empalme que actualmente se desarrollan.

Por su parte, la contralora del Valle del Cauca destacó la importancia de la presencia de los contralores territoriales en los empalmes, al considerar que el conocimiento técnico construido desde las regiones puede contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, la protección del patrimonio público y una gestión pública más eficiente y transparente.

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