Denuncian reclutamiento de menores por tres años en Chocó

Ante las denuncias de reclutamiento de menores en el Chocó por parte de grupos armados ilegales, la gobernación del departamento ha solicitado al gobierno nacional acciones urgentes.

Según la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, este mecanismo de reclutamiento incluye funciones como instalación de retenes fluviales, espionaje comunitario y labores logísticas para el grupo armado.

Así mismo, afirmó que quienes logran regresar a sus comunidades tras cumplir el plazo quedan marcados como informantes, sin posibilidad de reintegración social plena.

Córdoba explicó que el ELN impone servicio militar forzado de tres años a menores en zonas rurales del sur de este departamento; desde los catorce años están generando un reclutamiento para prestar un servicio militar.

La mandataria ya había denunciado esta situación en el marco de la pasada Cumbre de Seguridad Regional del Pacífico, celebrada en Cali, donde enfatizó la necesidad de implementar medidas inmediatas de desminado humanitario, protección contra el reclutamiento infantil y una mayor presencia de la fuerza pública en los ríos y mares de la región.

Además, destacó que la seguridad en el Pacífico no debe depender únicamente del sector defensa, sino que debe ser una estrategia integral que involucre a todos los ministerios del gobierno nacional.

Por eso Córdoba Curi enfatizó que “es esencial que el gobierno tome acciones integrales, que no se limiten solo a la defensa, sino que también aborden el desarrollo social y económico del Pacífico”.

Temor

Según se conoció, lo niños y adolescentes del sur del Chocó enfrentan restricciones severas en su vida cotidiana debido al control territorial del ELN y el Clan del Golfo.

Las actividades básicas como jugar al aire libre, asistir a escuelas con regularidad o acceder a servicios de energía e internet se han convertido en privilegios inexistentes.

Las comunidades reportan que la zozobra permanente paraliza cualquier intento de normalidad, obligando a familias a mantener a menores encerrados hasta 24 horas al día.

Esto ha generado también un deterioro en el sistema educativo, con escuelas operan con uno o dos docentes para todos los grados, impartiendo clases de dos horas diarias en las pocas ocasiones que los profesores logran llegar.

Esta precariedad, sumada a las amenazas de reclutamiento, ha forzado a familias a enviar a menores a municipios como Quibdó, Istmina o Condoto, dejando comunidades sin población infantil.

Los habitantes de la zona informaron que implementan hasta redes de vigilancia improvisadas para evitar que niños transiten por áreas de riesgo.

Por eso exigen intervención urgente del Gobierno nacional para romper el ciclo de violencia que afecta a múltiples generaciones.

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