El Gobierno declara el estado de conmoción interior

El presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica ante la crisis humanitaria y de orden público en la región del Catatumbo.

La medida fue adoptada para hacer frente a la crisis de orden público que afecta varios municipios de Norte de Santander, debido a los intensos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.

Así mismo se anunció la declaración del estado de emergencia económica, con el objetivo de canalizar recursos urgentes hacia la zona del Catatumbo y Tibú.

La violencia en la región ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 30 personas muertas y un número aún mayor de heridos, mientras que miles de familias han sido forzadas a abandonar sus hogares, provocando un desplazamiento masivo.

La situación ha generado una emergencia humanitaria sin precedentes, lo que ha llevado a las autoridades a considerar medidas extraordinarias.

El estado de conmoción interior, regulado por el artículo 213 de la Constitución de 1991, permite al presidente de la República adoptar medidas excepcionales para restablecer el orden público cuando las autoridades no logran controlar la crisis mediante los mecanismos convencionales.

Este decreto puede ser emitido por un periodo inicial de 90 días, con la posibilidad de prorrogarlo dos veces más, previa autorización del Senado.

El estado de conmoción interior faculta al gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, que no requieren pasar por el Congreso, pero deben ser revisados por la Corte Constitucional para asegurar que no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante el periodo de vigencia de la medida, las autoridades deben garantizar la transparencia en la gestión y rendir cuentas al Congreso y a la ciudadanía sobre las decisiones tomadas.

El constitucionalista Cifuentes explicó que el estado de conmoción interior es una herramienta excepcional para preservar el orden público y la seguridad nacional en circunstancias que afecten gravemente el desarrollo normal de la vida institucional del país.

Esta medida, de acuerdo con la Constitución, solo debe adoptarse cuando otras estrategias resultan insuficientes para restaurar el orden y garantizar la estabilidad del Estado.

La situación en el Catatumbo ha desbordado las capacidades de las autoridades locales, y la región sigue siendo escenario de intensos combates entre grupos armados ilegales que han sembrado el miedo y el caos.

En este contexto, el gobierno de Petro busca adoptar medidas urgentes para restaurar el orden y proteger a los civiles afectados por el conflicto.

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