‘Salario digno’ entra en el pulso del mínimo

En la capital del Valle del Cauca dueños de pequeños comercios y hogares se preparan para hacer cuentas previo a Navidad.

El ajuste al salario mínimo que se debate en Bogotá —y que algunos sectores proponen cerca del 11 % bajo la bandera del “salario digno”— podría disparar desde enero varios costos cotidianos: arriendos, matrículas, contratos laborales, aportes y servicios.

En una ciudad donde recientemente la tasa de desocupación cayó a 7,8 % y cerca del 90 % de las empresas son micro o pequeñas unidades, ese incremento podría golpear duro la liquidez de familias y negocios en la ciudad.

El argumento que llevará el Gobierno a la mesa en el arranque de la segunda semana de negociación apunta a transformar el salario mínimo en un ingreso suficiente para vivir con dignidad, más allá de los cálculos técnicos de inflación y productividad.

Sin embargo, los gremios advierten que esa vía pone en riesgo la estabilidad de las pequeñas empresas, especialmente en regiones como el Valle del Cauca donde la recuperación económica aún es frágil.

Según el más reciente informe del DANE, la inflación anual cerró noviembre en 5,30 %, ligeramente por debajo del 5,51 % de octubre.

Aun así, en sectores sensibles a los hogares urbanos —como vivienda, servicios públicos, transporte, comida y educación— los precios siguen presionando el presupuesto de los caleños.

De hecho, un informe de la firma Crowe Co advierte que, con un eventual salario mínimo revisado al alza, se activarían múltiples recálculos automáticos en precios y tarifas indexadas: desde aportes de independientes, cuotas judiciales, matrículas, arriendos hasta contratos con cláusulas referidas a este indicador.

Esto implicaría, incluso antes de cualquier aumento en los ingresos, un incremento en los gastos fijos de familias y negocios.

Impactos previsibles para el bolsillo: estos costos subirían

Por ejemplo, un trabajador independiente que hoy destina cerca de 100.000 pesos mensuales a salud o pensión deberá prever un aumento hasta de 108.940 pesos, según las proyecciones basadas en el reajuste del salario mínimo.

Quienes tienen contratos, cuotas o servicios atados al SMLV también sentirán el impacto: una obligación equivalente a un salario mínimo podría pasar de 1.423.500 a unos 1.550.800 pesos, dependiendo del incremento final que se apruebe en la mesa de concertación.

Para las pequeñas y medianas empresas, el panorama no es más alentador. El costo total por trabajador —que incluye salario, prestaciones y recargos— podría subir entre 8,5 % y 9,3 %.

Sectores como comercio, gastronomía, vigilancia y servicios personales, donde los márgenes de rentabilidad son estrechos, serían los más presionados.

Si las ventas o los ingresos no crecen al mismo ritmo que los costos, muchas Pymes podrían verse obligadas a congelar contrataciones, reducir turnos o recurrir a esquemas informales para sostener su operación.

En Cali, el panorama laboral mantiene señales positivas, aunque con alertas encendidas. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional cerró octubre de 2025 en 8,2 %, mientras que en las principales ciudades del país —incluida la capital del Valle del Cauca— fue de 8,0 %, una de las más bajas de los últimos años.

Asimismo, informes locales de la Cámara de Comercio confirman que la ciudad consolida su recuperación laboral, con más ocupación formal y menor informalidad. Sin embargo, la estructura productiva de la región —donde nueve de cada diez empresas son micro o pequeñas— limita su capacidad para absorber nuevos incrementos de nómina sin afectar su estabilidad financiera.

Riesgo para la formalidad y el bolsillo de los vallecaucanos

Según Guillermo Berrío, socio BPO de Crowe Co y autor del informe, el principal desafío no será el porcentaje del incremento, sino la resistencia real de los hogares y las empresas ante el nuevo costo de vida: “El reto no será solo cuánto sube el salario, sino cuánto resiste la economía doméstica cuando todos los pagos y servicios ajusten su valor al nuevo mínimo”.

Este escenario no es menor. Una ola de costos crecientes, justo cuando muchos hogares caleños habían logrado estabilizar sus ingresos tras la reducción del desempleo, podría generar nuevas tensiones financieras.

Arriendos, servicios, matrículas y cuotas referenciadas al salario mínimo se encarecerán, reduciendo la capacidad de ahorro y consumo.

Para los negocios más pequeños, el aumento simultáneo en nómina y otros costos fijos puede derivar en ajustes de personal, reducción de horarios o cierres silenciosos.

¿Qué pueden hacer hogares y pymes antes de que llegue el ajuste?

Revisar contratos, cuotas y servicios que estén indexados al salario mínimo para calcular sus nuevos valores antes de enero.

Evaluar el presupuesto familiar o el flujo de caja empresarial y simular escenarios con el aumento proyectado.

Priorizar gastos esenciales y, de ser posible, renegociar plazos o tarifas para evitar desequilibrios. financieros.

En el caso de las empresas, buscar eficiencia, es decir, automatizar procesos, reducir desperdicios y fortalecer la productividad para absorber el alza sin afectar el empleo.

Más que un simple ajuste anual, el debate sobre el ‘salario digno’ se convierte en una prueba real para la economía caleña

En los próximos meses, familias y negocios medirán su capacidad de resistir un año que —si todo se indexa— podría comenzar con más compromisos que ingresos.

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