Salario mínimo 2026: un pulso decisivo entre la técnica económica y las expectativas sociales

La discusión por el salario mínimo para 2026 entra en una etapa crucial y llega acompañada de un choque de visiones.

De un lado, el Gobierno Nacional plantea un incremento del 11%, apostando por un ajuste significativo en el ingreso de los trabajadores.

Del otro, Fedesarrollo insiste en la necesidad de una cifra más moderada —entre 6% y 7%— para evitar que la economía vuelva a entrar en un ciclo de inflación alta.

El punto de partida es claro: hoy el salario mínimo es de $1.423.500, más $200.000 de auxilio de transporte. Con las propuestas sobre la mesa, el panorama sería:

Si sube 7%, el ingreso mínimo mensual alcanzaría $1.523.145, con un auxilio de transporte de $214.000, para un total de $1.737.145.

Si sube 11%, el salario sería $1.580.085 y el auxilio $222.000, sumando $1.802.085.

La diferencia, más allá de los números, es profunda: la decisión influirá en la inflación, el empleo, la formalidad laboral y el costo de operar para miles de empresas en el país.

Una negociación marcada por la prudencia económica

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha sido enfático: el país proyecta una inflación del 5,1% para 2025 y una productividad prácticamente estancada, situada entre 0% y 1%.

Por eso, un incremento cercano al 7% sería suficiente para preservar el poder adquisitivo sin encender presiones inflacionarias adicionales.

El riesgo, señala, está en un aumento de doble dígito: cuando los costos laborales suben más rápido que la productividad, las empresas ajustan precios para compensar, y la inflación tarda más en ceder.

El resultado es un círculo de “salarios altos = precios altos” que termina afectando a los mismos hogares que se pretende beneficiar.

Para sectores como agricultura, comercio, restaurantes, servicios personales y PYMES —los más intensivos en mano de obra— un aumento del 11% podría traducirse en menos contratación formal o incluso en sustitución de trabajadores por automatización o informalidad.

Una mesa con múltiples intereses

La negociación formal arrancará el 1 de diciembre, con participación del Gobierno, las centrales obreras, los gremios empresariales y equipos técnicos.

Las partes tendrán hasta el 31 de diciembre para llegar a un acuerdo. Si no lo logran, el aumento será fijado directamente por el Presidente.

La mesa se enfrentará a una disyuntiva compleja: Un aumento alto dinamiza el consumo, muy atractivo políticamente y positivo para el comercio en el corto plazo.

Un aumento moderado protege la estabilidad de precios, reduce riesgos fiscales y mejora la competitividad empresarial.

Por eso esta negociación es, en esencia, una discusión sobre qué equilibrio necesita hoy la economía colombiana.

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