Con drones, fusiles y 132 muertos: así fue la operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro desplegaron un operativo de gran escala en los complejos de favelas del Alemão y la Penha.

Bajo el nombre de Operación Contención, participaron más de 2.500 agentes de distintas unidades civiles y militares, apoyados por helicópteros, drones, vehículos blindados y tecnología de vigilancia. La intervención dejó un saldo de 132 personas muertas y 81 detenidas.

La acción estuvo dirigida a frenar la expansión del Comando Vermelho, organización criminal señalada de narcotráfico, homicidios y acciones de narcoterrorismo.

Entre los capturados figura uno de sus principales líderes conocido como ‘Belão’. Además, las autoridades incautaron 93 fusiles de largo alcance y más de media tonelada de sustancias ilícitas.

Según el gobierno estatal, la operación fue producto de más de un año de investigaciones, lideradas por la Delegacia de Repressão a Entorpecentes, en coordinación con el Ministerio Público.

Los enfrentamientos ocurrieron principalmente en zonas de difícil acceso, con el objetivo de minimizar los riesgos a la población civil.

El despliegue se desarrolló cumpliendo las directrices del Supremo Tribunal Federal, incluyendo el uso de cámaras corporales por parte de los agentes y la presencia de ambulancias.

Los detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y se activó un plan para enviar a los cabecillas a cárceles federales.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 93 fusiles de guerra, armas que el gobernador Cláudio Castro describió como utilizadas tanto contra policías como contra la población.

Estos fusiles, de alto poder destructivo, reflejan el nivel de organización y violencia del grupo criminal.

Además de armamento, se decomisaron explosivos, municiones y dispositivos tecnológicos como drones adaptados para ataques, lo que evidencia el uso de tácticas similares a las del narcoterrorismo.

Respuesta del Gobierno Federal

Tras conocerse el número de muertos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de emergencia con su equipo de seguridad y miembros del gabinete.

Aunque no hubo pronunciamientos formales, el Gobierno Federal expresó preocupación por el resultado del operativo y la necesidad de una estrategia nacional coordinada para enfrentar al crimen organizado.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, fue enfático al señalar que si el estado de Río no logra contener la violencia, debería considerar solicitar una intervención federal mediante el uso de la Garantía de Ley y Orden.

Lula sostuvo que el enfrentamiento a las organizaciones criminales no puede reducirse a acciones armadas.

Reiteró su propuesta de incluir políticas sociales y preventivas que permitan reducir la violencia de forma sostenible, distanciándose del enfoque exclusivamente policial del gobernador Cláudio Castro.

Mientras el gobierno estatal defiende la operación como un golpe necesario al crimen, desde el Gobierno Federal se promueve una visión más amplia y menos militarizada del problema.

Esta diferencia revela un trasfondo político en el manejo de la seguridad, que ya comienza a proyectarse en el escenario electoral.

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