Al menos hay salud

“Al menos hay salud”. Es una frase que muchos hemos escuchado —y repetido— como consuelo cuando en otros aspectos de la vida las cosas no van bien.

Pero detrás de esa expresión hay una verdad profunda: pocas cosas son tan fundamentales como la salud.

La economía, el trabajo, la educación y la vida misma dependen, en gran medida, de la capacidad de responder oportunamente a una necesidad básica: la atención en salud.

En Colombia, el sistema de salud arrastra problemas estructurales desde hace años: insuficiencia en la financiación, deudas acumuladas, barreras de acceso, brechas en lo rural y una alta presión sobre la red hospitalaria.

Parte de estas dificultades tienen origen en un diseño que suponía una mayor formalidad laboral —con un 60% contributivo y 40% subsidiado— que nunca se materializó, generando déficits crecientes.

A esto se sumaron fallas en la supervisión, corrupción y vacíos normativos que permitieron abusos dentro del sistema.

Aun así, el sistema tenía elementos que sí funcionaban. Colombia logró una cobertura cercana al 100%, un bajo gasto de bolsillo —alrededor del 15%, muy por debajo del promedio mundial— y un modelo de aseguramiento que, con dificultades, permitía organizar la atención.

Durante la pandemia, esa capacidad quedó en evidencia y fue reconocida incluso a nivel internacional.

Hoy la situación es distinta. El gobierno de Gustavo Petro llegó con la promesa de mejorar el sistema y planteó una reforma orientada a una mayor centralización como solución.

Sin embargo, ante la imposibilidad de aprobarla en el Congreso, ha optado por implementar cambios por otras vías: intervención de EPS, deterioro en el flujo de recursos y decisiones que han afectado la cadena de suministro de medicamentos.

Lejos de estabilizar el sistema, estas medidas han profundizado la crisis.

Hoy el sistema atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Lo que antes eran problemas focalizados —como demoras o acceso a especialistas— hoy se han extendido incluso a la atención básica y a la entrega de tratamientos esenciales.

Las señales son claras: más quejas, más barreras de acceso y más dificultades en la entrega de medicamentos.

Más allá de las cifras, lo que está en juego son vidas humanas.

El problema central ya no es solo de modelo, sino de sostenibilidad. Un sistema que no tiene recursos suficientes, que no paga a tiempo y que pierde capacidad de gestión, inevitablemente termina fallando.

Y aquí surge la pregunta clave: ¿Qué proponen los candidatos presidenciales frente a esta realidad?

Hay dos extremos claros. Por un lado, Iván Cepeda plantea profundizar el modelo del gobierno actual: mayor control estatal, eliminación de las EPS y centralización de recursos.

El problema es evidente: hoy el Estado no tiene la capacidad operativa para asumir todo el sistema. Basta ver lo ocurrido con el modelo del magisterio para dimensionar el riesgo.

En el otro extremo, Abelardo de la Espriella propone un enfoque más cercano al mercado, con menor intervención estatal y mayor protagonismo del sector privado.

Sin embargo, desconoce que el sistema requiere reglas claras e incentivos bien diseñados para garantizar acceso universal.

En una posición intermedia, Paloma Valencia propone corregir el sistema sin desmontarlo, fortaleciendo la eficiencia, la regulación y el equilibrio entre lo público y lo privado.

Sergio Fajardo, por su parte, presenta el enfoque más estructurado: prioriza la sostenibilidad financiera, el ajuste técnico del sistema y la mejora en la gestión institucional.

Pero más allá de los enfoques generales, el análisis debe hacerse sobre tres factores clave: financiamiento, corrupción y atención.

En financiamiento, el sistema enfrenta una realidad innegable: está desfinanciado y con deudas acumuladas.

Cepeda no plantea una ruta clara para recalcular la UPC ni para cerrar la deuda entre Estado, EPS e IPS. Paloma reconoce el problema, pero no detalla cómo resolver el cierre financiero.

Abelardo propone un plan de choque, pero no explica con precisión su financiación ni sus efectos en la estabilidad del sistema.

Fajardo es el más preciso: propone recalcular la UPC con criterios técnicos, auditorías independientes y un nuevo acuerdo de punto final para sanear las deudas.

En corrupción, todos reconocen el problema, pero no todos proponen soluciones igual de concretas. Cepeda se queda en el diagnóstico. Abelardo plantea mano dura y castigo. Paloma apuesta por control y competencia.

Fajardo, en cambio, propone herramientas específicas: trazabilidad de recursos, auditorías independientes y fortalecimiento institucional.

En atención, las diferencias también son claras. Cepeda habla de acceso universal, pero sin detallar la operación del sistema. Abelardo plantea respuestas inmediatas —citas, cirugías y medicamentos— con énfasis en infraestructura y cobertura.

Paloma se enfoca en la experiencia del paciente: más médicos, menos filas y mejor atención territorial.

Fajardo propone una ruta integral: fortalecer la atención primaria, mejorar el acceso a especialistas, usar tecnología y garantizar disponibilidad de medicamentos.

Aquí ya se marcan diferencias importantes. Pero más allá de los enfoques, hay una conclusión que no admite discusión: en salud no hay margen para la improvisación.

No se trata de estatizar o privatizar, sino de hacer que el sistema funcione. Lo que está en juego no es un modelo en abstracto, sino la capacidad real del sistema para responder cuando un colombiano lo necesita.

Y eso exige decisiones bien pensadas, técnicamente sólidas y, sobre todo, ejecutables.

La salud no puede ser rehén de disputas ideológicas. La prioridad debe ser garantizar una atención oportuna y de calidad, fortaleciendo lo que funciona y corrigiendo lo que no.

Los sistemas más robustos del mundo combinan recursos públicos con gestión privada, bajo reglas claras, incentivos adecuados y una supervisión efectiva.

El problema no es quién presta el servicio, sino cómo se garantiza que funcione bien. Eliminar actores sin tener cómo reemplazarlos no resuelve la crisis, la agrava. En salud no se puede improvisar, porque el costo no es político: es humano.

@edwinhmaldonado

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