Castigar lo imposible: legalidad sin justicia en Cali

La máxima jurídica ultra posse nemo obligatur —nadie está obligado a lo imposible— no es un simple adorno del derecho, sino un principio esencial para garantizar decisiones justas.

Sin embargo, parece haber sido ignorado por la Procuraduría Provincial de Cali al imponer la suspensión provisional de cuatro funcionarios del municipio por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con la reubicación de la comunidad de Playa Reciente, asentada en el Jarillón del río Cauca.

El caso, más allá de lo disciplinario, revela una tensión profunda entre el deber ser normativo y la realidad material.

Nadie discute que esta comunidad requiere atención prioritaria ante el riesgo que representa su ubicación.

Pero también es evidente que el municipio enfrenta limitaciones estructurales: escasez de suelo disponible, recursos insuficientes y una presión constante derivada de fenómenos como el desplazamiento y la informalidad urbana.

En ese contexto, reducir el análisis a una verificación automática entre lo ordenado por un juez y lo ejecutado por la administración resulta no solo simplista, sino injusto.

El control disciplinario debe ir más allá de lo formal y considerar las condiciones reales en las que actúan los funcionarios públicos.

De lo contrario, se corre el riesgo de sancionar no por negligencia, sino por incapacidad material.

La decisión de suspender a estos funcionarios no contribuye a resolver el problema de fondo.

Por el contrario, debilita la capacidad institucional del municipio al apartar a quienes, dentro de sus posibilidades, intentaban dar respuesta a una situación compleja. Sancionar sin contexto puede ser legal, pero difícilmente es justo.

Cali necesita decisiones que reconozcan sus realidades, no medidas que, en nombre de la legalidad, terminen desconociendo los límites de lo posible.

Porque cuando se castiga lo imposible, la justicia deja de ser un principio y se convierte en una apariencia.

Comments