El Cargamento de la discordia: ¿por qué se desató la guerra en el Catatumbo?

La multimillonaria pérdida conllevó a que se rompiera el pacto criminal que tenían entre en el Frente 33 y el ELN para los envíos del estupefaciente a través de la ruta por Venezuela.

Desde la semana pasada en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander), en zona de frontera con Venezuela, la violencia se recrudeció al punto de que este lunes 20 de enero el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó el estado de conmoción interior para el departamento ante la grave situación de orden público por la que se tiene un estimado de 80 personas muertas y 11.000 desplazados forzados, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Y precisamente la génesis de esta violencia desbordada en el Catatumbo estuvo con la pérdida de un multimillonario cargamento de cocaína a finales del año pasado, con la que provocó la ruptura de un pacto criminal que se mantenía entre el Frente 33 de la extinta guerrilla de las Farc y el ELN.

De acuerdo con un informe de inteligencia militar que obtuvieron en el informativo de televisión Noticias Uno, ‘Richard’ uno de los subalternos del jefe subversivo de la mencionada disidencia, alias Andrey, había llegado al mencionado trato para no interferir con el tránsito de los cargamentos de cocaína del grupo en pugna.

Pero uno de los envíos se perdió en noviembre, lo que conllevó a que se sembrara un clima de desconfianza con la disidencia, que concluyó con el homicidio de alias Catre o el Calvo el pasado 12 de enero, que era jefe del frente Juan Fernando Porras del ELN, días antes de la despreciable masacre del sepulturero del Catatumbo Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses de edad, múltiple crimen que terminó de desatar la guerra sin cuartel que se padece en la actualidad en esa región.

Tal como se venía anticipando desde el viernes de la semana pasada, cuando se llevó a cabo el consejo de seguridad en Tibú (Norte de Santander), el presidente Petro decretó el estado de conmoción interior y de emergencia económica en el departamento, para retomar el control del orden público en el Catatumbo, con el llamado adicional al poder judicial para recibir su “apoyo”.

La región del Catatumbo, ubicada en el Norte de Santander, ha sido históricamente un territorio convulsionado por la violencia, pero en los últimos días, la situación ha alcanzado niveles alarmantes.

A raíz de un hecho particular, la pérdida de un millonario cargamento de cocaína a finales de 2024, las aguas ya turbulentas de este rincón del país han estallado en una guerra abierta entre grupos armados, que ha dejado al menos 100 muertos y más de 32.000 desplazados forzados, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

La raíz de esta nueva escalada de violencia tiene una explicación concreta: el fracaso de un acuerdo criminal que existía entre el Frente 33 de la disidencia de las Farc y el ELN, dos actores que, a pesar de sus diferencias ideológicas, encontraron un terreno común en el tráfico de cocaína.

Según un informe de inteligencia, “Richard”, uno de los principales subalternos de alias Andrey, jefe de la disidencia de las Farc, había negociado un pacto con el ELN para que ambos grupos pudieran mover sus cargamentos de cocaína por la misma ruta a través de Venezuela sin interferencias.

Sin embargo, a finales de noviembre, ese acuerdo se rompió cuando uno de los envíos desapareció, desatando una cadena de desconfianza y violencia entre los involucrados.

La ruptura del pacto criminal culminó el pasado 12 de enero con el asesinato de alias Catre o “El Calvo”, líder del frente Juan Fernando Porras del ELN, y, poco después, con una serie de atrocidades, como la masacre de Miguel Ángel López, un sepulturero local, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses.

Estos crímenes marcaron el punto de no retorno, desatando la guerra sin cuartel que hoy se vive en la región.

La respuesta del gobierno ante la magnitud de la crisis, decretar el pasado 20 de enero un estado de conmoción interior para el departamento, con el fin de intentar restaurar el orden público.

La medida incluye, además, una emergencia económica, buscando frenar la expansión de la violencia y recuperar el control sobre un territorio donde el narcotráfico sigue siendo el principal motor de la guerra.

A esta intervención se suma un llamado al poder judicial para que se involucre de forma más activa en la resolución del conflicto.

La violencia desatada en el Catatumbo evidencia, una vez más, cómo el narcotráfico se ha convertido en el principal factor desestabilizador del país, siendo capaz de romper alianzas y generar nuevos ciclos de violencia sin importar la ideología de los actores involucrados.

Mientras el gobierno intenta tomar las riendas de la situación, lo que está claro es que, sin una estrategia integral que ataque las raíces del narcotráfico, esta guerra tendrá un alto costo social y humano, que continuará arrastrando a miles de víctimas inocentes en su camino.

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