La libertad de elegir

Alejandro Ocampo

Es increíble que en pleno siglo XXI muchas personas aún sigan creyendo que la prohibición es el camino correcto. Esto lo digo a propósito de algunas iniciativas legislativas que lidero en el Congreso y que privilegian la libertad de elegir; estas iniciativas han suscitado críticas de los sectores más conservadores y al tiempo que ponen en evidencia -una vez más- la doble moral en Colombia.

Por un lado, está el proyecto de ley que crea un marco regulatorio y de reglamentación para el uso de semillas, el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación, exportación, empaquetado, publicidad, venta, porte y consumo de flor del cannabis y sus derivados de uso adulto.

Lo que buscamos por medio de este proyecto de ley es que la ciudadanía sepa dónde se puede fumar marihuana, dónde y quiénes pueden tener locales autorizados para venderla. Así mismo, que se prohiba la venta cerca de templos religiosos, colegios, hospitales y escenarios deportivos, entre otros, y se haga justicia con las comunidades negras, indígenas y campesinas, afectadas por el conflicto armado y que han sido perseguidas y estigmatizadas por su cultivo y comercialización

En otras palabras, esta iniciativa regula la comercialización de cannabis para garantizar la libertad de los ciudadanos de escoger en un contexto de seguridad, tanto del individuo como del producto adquirido, reglas claras y en sintonía con la tendencia mundial de una nueva política de drogas que no prohíbe, sino que crea un marco regulatorio y de la cual Colombia no debe quedarse por fuera.

Por otro lado, está el proyecto de ley que radiqué hace algunas semanas y que tiene el propósito de reglamentar la prestación del servicio de entretenimiento para adultos a través de portales web.

Esta iniciativa establece medidas de control y vigilancia para los establecimientos de comercio dedicados a esta actividad y garantiza condiciones de dignidad y bienestar para los y las modelos. Así mismo busca prevenir, atender y proteger a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas y acompañarlas en las etapas de investigación, judicialización y sanción de los tratantes de personas.

Nuestro propósito es que bajo principios de dignidad y libertad se pueda regular una industria que cumple cerca de 20 años en Colombia, factura entre US$600 millones y US$1.000 millones al año y que emplea entre 100.000 y 300.000 modelos en ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Armenia y Bogotá, según cálculos de los empresarios del sector.

Y es que, aunque haya conversaciones que puedan parecer incómodas, estamos convencidos de que la prohibición no es el camino. En estos y otros casos se debe trabajar por establecer reglas claras que garanticen la libertad de los ciudadanos a elegir qué consumir y en qué trabajar -por supuesto- bajo una regulación que garantice la legalidad y que no vulnere los derechos de otras personas.

Nuestra lucha siempre será por los y las ciudadanas y por garantizar su libertad a elegir.