Transportadores asfixiados: cuando mover a Colombia se vuelve inviable

En Cali y el Valle del Cauca se instaló una alerta que no conviene minimizar: los transportadores de carga declararon “asamblea permanente” por el alza de costos y la sensación de que el margen operacional se está estrechando a un punto peligroso.

Como región, no podemos mirar este aviso desde la barrera, porque cuando el transporte se aprieta, lo que se afecta no es un sector aislado: se compromete la cadena que sostiene alimentos, industria y empleo.

Según reportes conocidos el 19 de enero de 2026, los transportadores del Valle plantearon que la presión de costos viene, principalmente, por el aumento del salario mínimo, el impacto de peajes y el comportamiento del combustible, y dejaron abierta la puerta a “medidas de presión” si no se instala un canal de respuesta efectivo.

Desde mi experiencia en el sector público, uno aprende a leer estas coyunturas con menos prejuicio y más contabilidad.

El transporte de carga opera con una estructura de costos donde el combustible, la mano de obra, los peajes, los mantenimientos, los seguros y la financiación del equipo pesan de forma decisiva.

Si varios de esos rubros suben simultáneamente, el ajuste no se resuelve “aguantando”: se traslada a tarifas o se convierte en deuda, informalidad y deterioro de flota.

En el arranque de 2026, por ejemplo, se registró un nuevo ajuste en combustibles: + $90 en gasolina y cerca de + $100 en diésel, con promedios nacionales reportados alrededor de $16.057/galón (gasolina) y $10.984/galón (diésel). Ese dato, por sí solo, no explica todo; pero sí muestra una tendencia: la canasta de costos no está quieta.

Esta coyuntura está atravesada por debates políticos inevitables. A nivel nacional, el Gobierno ha respondido públicamente a advertencias de paro con mensajes que cuestionan al gremio y ponen el foco en prácticas laborales o en la narrativa de “presión” sobre el Estado.

Del otro lado, los transportadores plantean que el problema no es ideológico, sino operacional: si el flete no reconoce costos reales, la actividad se hace inviable y el país se encarece de todas maneras.

En Cali, además, el clima social se recalienta porque la movilidad cotidiana y el transporte intermunicipal también sienten la presión.

Caracol Radio reportó incrementos de hasta 30% en tarifas intermunicipales que impactan usuarios de municipios como Candelaria, Pradera, Florida y Palmira.

Para miles de trabajadores del Valle, ese aumento no es una cifra: es la diferencia entre llegar a fin de mes o recortar mercado.

Este es el punto de quiebre: cuando el costo sube, la ciudadanía lo percibe en el pasaje, en el mercado, en el precio del insumo industrial y en el empleo.

La amenaza de paro no es un titular: es un riesgo sistémico.

La asamblea permanente es, en la práctica, un mecanismo para preparar decisiones colectivas. Puede quedarse en presión comunicativa o escalar a interrupciones parciales.

En ambos escenarios, Cali tiene motivos para preocuparse: abastecimiento (alimentos frescos y procesados, medicamentos, insumos hospitalarios); industria y construcción (materias primas, repuestos, cemento, acero, químicos); empleo y servicios (logística urbana, bodegaje, comercio mayorista y minorista).

En una región con vocación exportadora y corredor logístico hacia Buenaventura, los costos del transporte no son un asunto sectorial: son un componente estructural de competitividad. Ignorar esto es jugar con fuego.

¿Qué hacer? Los transportadores no protestan por capricho; protestan porque su cuenta no cierra. Y el Estado —en todos sus niveles— no puede responder con estigmas ni con improvisación. Se necesita concertación, sí, pero una concertación con instrumentos técnicos, no con reuniones para la foto.

La discusión debe ordenarse alrededor de una política de costos del transporte con cinco elementos concretos:
Estructura de costos transparente y actualizable (combustible, peajes, salario, mantenimiento, seguros), acordada con metodología pública.

Mecanismos de estabilización o compensación cuando haya choques simultáneos (combustible, peajes y salarios), con reglas claras y temporales.

Revisión de peajes y cronogramas de incrementos, priorizando previsibilidad y evaluando impactos por corredor.
Política de fletes y productividad logística, para reducir tiempos muertos, mejorar seguridad en rutas y combatir intermediación que castiga al pequeño propietario.

Mesa regional permanente (Nación–Departamento–Distrito–gremios–usuarios–industria) que anticipe crisis y no actúe solo cuando la amenaza de paro está encima.

Como vallecaucano, no puedo acompañar ni el facilismo de la “mano dura” ni la idea de que todo se resuelve paralizando. Cali necesita que el transporte funcione y que el transportador sea viable.

Por eso, el llamado final es simple: sentémonos a concertar con datos y acordemos una política de costos que reduzca la incertidumbre.

Este es exactamente el tipo de discusión que el país necesita dar con seriedad y sin caricaturas, también desde el Senado. Si el transporte se estabiliza, se estabiliza la mesa del hogar, la producción de la industria y el empleo de la región.

Y cuando se protege esa cadena, se protege algo más que un sector: se protege la vida cotidiana de millones de colombianos.

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