¿Petro, presidente o agitador electoral?

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el país enfrenta una situación profundamente preocupante: el presidente Gustavo Petro parece actuar más como jefe de campaña de su proyecto político que como jefe de Estado obligado a garantizar equilibrio, tranquilidad y transparencia en el proceso electoral.

Las denuncias presentadas por la candidata Claudia López y las investigaciones abiertas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reflejan precisamente esa preocupación.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de una discusión jurídica sobre participación en política.

Lo verdaderamente grave es el ambiente de tensión y desconfianza que generan las constantes intervenciones políticas del presidente, sus ataques contra candidatos distintos al petrismo, sus mensajes en defensa del candidato de gobierno y sus reiteradas insinuaciones sobre un supuesto fraude electoral del que nunca presenta pruebas.

Además, resulta especialmente delicado que todo esto ocurra cuando el país necesita exactamente lo contrario: serenidad institucional y garantías plenas para todos los sectores políticos.

Un presidente de la República no puede comportarse como un agitador electoral permanente ni actuar como si todavía estuviera en campaña.

Su obligación constitucional consiste en garantizar reglas claras, equilibrio democrático y respeto por los resultados, independientemente de quién gane las elecciones.

Por eso, los cuestionamientos planteados por Claudia López no pueden minimizarse ni descalificarse automáticamente.

Más aún cuando incluso la Comisión de Acusaciones abrió investigaciones preliminares por presunta participación indebida en política, acumulando varias denuncias relacionadas con actuaciones y publicaciones del mandatario.

El comportamiento del presidente dista mucho de la actitud de un estadista.

Un jefe de Estado debe enviar mensajes de tranquilidad, confianza institucional y respeto por todos los sectores políticos.

Petro, por el contrario, frecuentemente alimenta la polarización, cuestiona el proceso electoral y genera dudas sobre la legitimidad de los resultados incluso antes de que los ciudadanos voten.

En consecuencia, preocupa profundamente el efecto que esto pueda tener después de las elecciones.

Cuando desde el poder se instala permanentemente la sospecha sobre el sistema electoral sin aportar pruebas concretas, se corre el riesgo de debilitar la confianza democrática y de crear un ambiente de confrontación alrededor de los resultados.

Resulta indispensable que el gobierno nacional concentre sus esfuerzos en las verdaderas garantías electorales.

Y esas garantías no consisten en discursos políticos desde la Casa de Nariño, sino en garantizar seguridad y libertad para votar, especialmente en los territorios donde existen denuncias sobre presiones de grupos criminales a favor del candidato del petrismo.

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