Impuestos por decreto: un golpe y un abuso

La decisión del presidente Gustavo Petro de decretar una emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria resulta injustificable desde cualquier punto de vista.

El Congreso de la República negó esa iniciativa con argumentos claros, en un trámite legal y legítimo, propio de un sistema democrático con separación de poderes.

Lo más grave es que, ante esa negativa, el gobierno optó por una vía excepcional para imponer por decreto lo que no logró aprobar en el legislativo.

Inventar una emergencia económica inexistente para introducir una reforma tributaria encubierta constituye una trampa al ordenamiento jurídico.

Además, se convierte en un abuso contra los colombianos que ahora enfrentarán un aumento de la carga tributaria sin el debate democrático correspondiente.

El incremento del gravamen a los movimientos financieros del 4 × 1000 al 5 × 1000 ilustra el impacto inmediato de esta decisión.

Este impuesto golpea a todos los ciudadanos, sin distinción, y encarece la vida cotidiana. A ello se suman otros tributos incluidos en el decreto, cuyos efectos terminarán trasladándose a los precios de bienes y servicios. En consecuencia, el costo real lo asumirá el consumidor final.

El uso reiterado de emergencias económicas para resolver problemas fiscales sienta un precedente peligroso.

Si cada derrota política en el Congreso se responde con decretos excepcionales, el equilibrio entre poderes pierde sentido. La democracia se debilita cuando el ejecutivo gobierna por atajos.

Por eso, la Corte Constitucional tiene ahora una responsabilidad mayúscula: actuar con prontitud y rigor no es solo un asunto jurídico, es una defensa del orden institucional y del bolsillo de millones de colombianos.

Tumbar un decreto dañino, tanto para la democracia como para la economía familiar, es una necesidad urgente para preservar la legalidad y el respeto por las reglas del juego democrático.

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