La negación de la violencia interna: una peligrosa desconexión del gobierno

Resulta paradójico que, mientras desde distintos rincones del país llegan reportes diarios de alarmantes hechos de violencia, alteración del orden público y violaciones de los derechos humanos, el presidente Gustavo Petro no lo reconozca.

La crisis en el Catatumbo ha generado cerca de 60.000 desplazados, el movimiento más grande de personas que huyen de la violencia en Colombia en los últimos 20 años.

Sin embargo, para el presidente, esta situación no parece ser grave.

Tampoco lo es la del Chocó, donde casi cada dos meses el ELN decreta un paro armado, confinando a los ciudadanos en sus viviendas durante días.

Situaciones similares se viven en Arauca y Cauca, con constantes atentados; y en el Valle del Cauca, en municipios como Jamundí y Buenaventura, donde el avance de las bandas criminales es cada vez mayor.

Preocupa que el presidente no reconozca estas realidades, pues, como bien se sabe, para solucionar un problema es necesario admitir su existencia.

Mientras el mandatario opina recurrentemente sobre la violencia en otros lugares del mundo, como el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, no considera grave la violencia generada por las guerrillas y los grupos criminales en Colombia, que se disputan negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el despojo de tierras.

Esta semana, ante los cuestionamientos del Consejo Gremial Nacional sobre el aumento de la violencia en distintas regiones del país, el presidente respondió desestimando sus preocupaciones.

El Consejo Gremial expresó su “más enérgico rechazo” a los actos de violencia y terrorismo ocurridos en Cúcuta y Chocó, pero el presidente Petro afirmó que la agremiación “está desinformando a la opinión pública de Colombia”.

Con el reciente nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, se espera un cambio en el manejo de la seguridad nacional.

Sin embargo, para detener el avance de los grupos criminales, es fundamental que el gobierno reconozca la magnitud del problema y ajuste sus políticas de seguridad en consecuencia.

Negar la realidad solo contribuye a fortalecer a quienes amenazan la paz y la estabilidad del país.

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