No somos abogados de dictadores

A pocos días de su encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, programado para el 3 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reavivado la polémica al exigir que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela por tribunales locales en lugar de en Estados Unidos.

Esa postura levanta serias dudas sobre las prioridades del Gobierno Nacional en un momento donde la agenda con uno de los socios más importantes de Colombia debería centrarse en el fortalecimiento de la relación bilateral, la cooperación económica, la seguridad y un entendimiento constructivo que beneficie a los ciudadanos de ambos países.

Maduro no es un interlocutor cualquiera en la política regional. Su régimen hasta hace poco fue considerado una dictadura bajo acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión política y debilitamiento de las instituciones democráticas.

La detención de Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar a inicios de enero —y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas— marcó un momento crítico en la crisis venezolana y en las relaciones hemisféricas.

Que el presidente de Colombia actúe como abogado de oficio de alguien con ese historial no solo es impropio, sino peligroso desde la perspectiva de un gobierno que se presenta como defensor de la democracia.

Un mandatario democrático no puede asumir la defensa de líderes acusados de crímenes graves, ni relativizar su responsabilidad a favor de posiciones diplomáticas cuestionables.

Es imperativo que Colombia mantenga una postura clara frente a violaciones de derechos humanos y oferta democrática, sin importar la geografía política.

La mayoría de los colombianos esperan que, en la reunión con Trump, el enfoque no se desvíe hacia la defensa de un régimen autoritario, sino hacia temas concretos de beneficio mutuo: comercio, seguridad regional, cooperación en lucha contra el crimen organizado y mejores condiciones para los migrantes colombianos en Estados Unidos.

La obligación de un presidente es ante su país y sus ciudadanos. Defender a un criminal, aunque lo pida la hermandad regional, no puede ser la carta central de una diplomacia que debe priorizar la defensa de la democracia, la justicia y los intereses nacionales.

En la Casa Blanca, la prioridad debe ser Colombia y el fortalecimiento de sus relaciones internacionales, no la justificación de quienes atentaron contra la libertad y la justicia.

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