¿Otra reforma tributaria?

Los trabajadores colombianos no resisten un impuesto más, pues bastante han soportado ya en un país donde cada reforma tributaria suma cargas en lugar de alivios.

A esto se agrega que las empresas, tanto grandes como pequeñas, acaban de ver aumentadas sus obligaciones con la reforma laboral, lo que agrava aún más el panorama.

En ese contexto, preocupa que el presidente Gustavo Petro insista en una nueva alza de impuestos, mientras desde su gobierno no se perciben señales claras de eficiencia ni responsabilidad en el manejo del dinero público.

El problema no es de ideología ni de solidaridad, sino de confianza. ¿Cómo confiar en un gobierno que pide más recursos cuando ni siquiera ha sabido cuidar los que ya tiene?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, reconoció recientemente que no cuenta con fondos suficientes para atender las emergencias provocadas por las lluvias, justo después de que se conociera que, en esa misma entidad, durante este gobierno, se habrían perdido cerca de $1 billón en hechos de corrupción.

En esas condiciones, resulta injustificable seguir exigiendo más aportes a los ciudadanos sin garantizar primero que los recursos se administren correctamente.

Es irresponsable no medir el efecto que otra reforma tributaria tendría sobre los hogares colombianos y el impacto que podría generar en el aparato productivo.

Aumentar la carga impositiva sería, en términos generales, un golpe duro para la economía nacional, que nos afectaría a todos, especialmente a quienes hoy ya enfrentan dificultades para sostener sus negocios o cubrir sus necesidades básicas.

El Estado necesita reformarse desde adentro, cerrando embajadas innecesarias, liquidando entidades inoperantes como el Ministerio de la Igualdad, que representa una carga burocrática enorme sin resultados tangibles, y optimizando cada peso del presupuesto.

No es aceptable que se sigan pidiendo sacrificios a la población mientras los recursos públicos se destinan, por ejemplo, a contratar masajistas para la primera dama.

Si el pacto social se basa en los impuestos, lo mínimo que puede exigirse es que esos recursos no terminen perdidos en corrupción, despilfarro o clientelismo.

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