Hay que respetar la justicia, por encima de las pasiones políticas

La justicia debe respetarse más allá de las simpatías o antipatías que despierte un fallo judicial, un principio básico, que debería unir a los colombianos, pero que, por el contrario, se ha convertido en un motivo más de polarización.

No se puede seguir instrumentalizando la justicia como un campo de batalla ideológica, donde cada decisión se celebra o se condena según el afecto o rechazo que genere el protagonista del proceso.

Quienes respaldan o atacan un fallo dependiendo de sus afinidades políticas hacen un daño profundo al país, porque minan la confianza en las instituciones y desdibujan el valor del Estado de Derecho.

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es hoy el mejor ejemplo de esa distorsión.

Cuando en primera instancia Uribe fue condenado, muchos sectores políticos y sociales salieron a defender a la juez que dictó la sentencia y exigieron respeto por la independencia judicial.

Ahora, los mismos que entonces reclamaban acatamiento de la ley descalifican a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que al revisar el proceso concluyeron que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente al exmandatario.

En el extremo opuesto, también hay quienes celebran la absolución de Uribe atacando con virulencia a la juez de primera instancia.

Ambas posiciones resultan igualmente nocivas, pues desconocen que la justicia está estructurada en instancias precisamente para revisar, corregir y garantizar derechos.

Respetarlas no es una opción, es una obligación democrática.

Lo más preocupante es que el promotor de este ambiente de deslegitimación sea ahora el propio presidente de la República.

Gustavo Petro, quien hace apenas tres meses proclamaba que su gobierno protegería a los jueces “sin importar el sentido de sus fallos”, cambió radicalmente de postura tras la decisión absolutoria.

En mensajes publicados en X, descalificó a los magistrados, los acusó de encubrir el paramilitarismo y vinculó la sentencia con supuestas maniobras políticas.

Y, aún más grave, convocó a la ciudadanía a salir a las calles, buscando convertir su desacuerdo en una causa de movilización, como si la justicia pudiera dirimirse en las plazas y no en los tribunales.

Esa actitud es incompatible con la función presidencial. En un Estado de Derecho, los fallos se acatan, no se discuten a gritos ni se someten a la aprobación popular.

La justicia no puede ser sustituida por marchas ideologizadas, porque hacerlo equivale a despojarla de su esencia: la imparcialidad.

Pretender que el poder político imponga su lectura sobre las decisiones judiciales es debilitar las bases mismas de la democracia y abrir la puerta a un peligroso precedente donde la ley se vuelve opcional y la justicia, un instrumento de conveniencia.

Los ciudadanos pueden disentir de los fallos, pero el deber del presidente es garantizar que se respeten.

La legitimidad del Estado no se construye con discursos incendiarios ni con convocatorias a la calle, sino con la coherencia de quienes deben ser ejemplo.

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