La grosería de Petro con alcaldes y gobernadores

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra alcaldes y gobernadores no solo encendieron una polémica política, sino que evidenciaron un problema más profundo: el irrespeto institucional hacia autoridades legítimamente elegidas.

Amenazar con cárcel a mandatarios locales por el debate del impuesto predial no solo resulta improcedente, sino que desconoce el mandato democrático que representan en sus territorios.

El presidente no tiene facultades para ordenar sanciones contra alcaldes y gobernadores, y aun así plantea escenarios de judicialización que no le corresponden.

Este tipo de afirmaciones no solo desorienta a la opinión pública, sino que siembra un clima de confrontación en un tema que exige rigor técnico y coordinación institucional.

En ese contexto, resulta aún más preocupante el trato dado a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Las descalificaciones del presidente, llenas de acusaciones sin sustento verificable, desbordan el debate público y trasladan la discusión a un terreno personal.

El comportamiento del presidente desconoce que Colombia es un país descentralizado, donde alcaldes y gobernadores no son sus subordinados, sino autoridades con legitimidad propia, elegidos también por el pueblo y que tienen la responsabilidad de representar a sus comunidades, lo que implica que deben ser tratados con respeto institucional, independientemente de las diferencias.

El presidente está llamado a actuar como jefe de Estado, no como un actor más de la disputa política.

Su rol no es imponer ni amenazar, sino liderar procesos de concertación, especialmente en temas complejos como la actualización catastral, que involucran competencias compartidas entre la Nación y los territorios.

Lo ocurrido no es un hecho menor. Cuando desde la Presidencia se desconoce la autoridad de los mandatarios locales, se debilita la institucionalidad y se erosiona la confianza ciudadana en sus autoridades.

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