Elecciones bajo amenaza, ¿quién responde?

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que al menos 104 municipios presentan riesgo electoral, concentrados en regiones como el Catatumbo, el sur del Valle, Nariño, Chocó y Cauca.

Sin embargo, el informe de la Defensoría del Pueblo ofrece un panorama mucho más grave: más de 600 municipios —es decir, más de la mitad del país— están en riesgo.

La diferencia entre las cifras oficiales y las de la Defensoría no solo refleja improvisación, sino una alarmante desconexión del gobierno con la realidad del territorio.

Después de tres años y dos meses de gobierno, el presidente Gustavo Petro sigue sin tomar medidas contundentes contra los grupos criminales que controlan amplias zonas del país.

Por el contrario, decisiones como los ceses al fuego que los ilegales nunca cumplieron, el otorgamiento de estatus político a sus cabecillas y las restricciones impuestas a las Fuerzas Militares y a la Policía, solo han servido para fortalecer a quienes desafían al Estado y someter a las comunidades al miedo.

El presidente Petro dijo ayer que “buscará que ningún municipio quede en riesgo en las elecciones”.

Ojalá así sea, pero, para lograrlo, debe hacer lo que hasta ahora no ha hecho: confrontar a los grupos criminales, recuperar el control institucional y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Combatir no es dialogar indefinidamente con quienes usan la violencia como método de poder.

Mientras Petro dirige su atención a conflictos extranjeros, como el de Medio Oriente, Colombia se desangra en silencio.

Las amenazas contra los procesos electorales no son un tema menor: afectan la legitimidad de la democracia y la confianza ciudadana.

Y en medio del caos, surge una inquietud aún más preocupante: ¿existe acaso un interés oculto en permitir esta descomposición del orden público para justificar un eventual aplazamiento o cancelación de las elecciones? Lo que por ahora parece un rumor, empieza a cobrar sentido con los hechos.

Elecciones hay porque hay. Bajo ninguna circunstancia se pueden cancelar, la democracia no se suspende por miedo, ni se negocia con quienes la ponen en riesgo.

Garantizar el voto libre y seguro no es una opción: es la obligación más grande de un gobierno que fue elegido democráticamente y debe garantizar una sucesión tranquila.

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