Protestas extremas, promesas incumplidas

En días recientes, la toma de varios ministerios en Bogotá vuelve a poner sobre el tapete la gobernabilidad.

Organizaciones sociales exigen el cumplimiento de acuerdos que el mismo gobierno promovió. Sin embargo, los métodos utilizados tensionan el orden institucional y erosionan la confianza pública.

La situación exige una mirada más profunda a la capacidad de gestión del Estado. No se trata solo de prometer, sino de ejecutar con responsabilidad y realismo.

Un gobierno que se autodenomina “del pueblo” debe estar a la altura de sus compromisos. Prometer sin cumplir, y luego avalar las vías de hecho, mina su legitimidad.

Además, la ejecución estatal no puede basarse en aspiraciones sin recursos, ni en discursos sin capacidad operativa.

La población tiene derecho a exigir, pero también merece claridad sobre qué se puede lograr. Gobernar implica tomar decisiones difíciles con criterios técnicos, no sólo ideológicos.

La protesta social es legítima en una democracia, pero debe canalizarse dentro del marco institucional. Las tomas de edificios públicos generan más desgaste que soluciones.

Adicionalmente, distraen recursos que podrían dirigirse a la ejecución real de proyectos. La incapacidad del Estado para responder con eficiencia solo alimenta la frustración ciudadana.

No importa si el gobierno es de izquierda o de derecha: debe tener competencia y rigor.

La solución pasa por fortalecer la gestión pública con perfiles técnicos, metas claras y seguimiento riguroso.

El liderazgo no puede limitarse al discurso; debe reflejarse en resultados medibles y sostenibles. Además, se requiere transparencia para decir qué es viable y qué no.

Solo así se construye gobernabilidad duradera y se evita la radicalización social.

Es momento de exigir menos promesas y más ejecución. La democracia necesita gobiernos capaces, no solo bien intencionados.

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