Caleños piden prevención del delito, justicia restaurativa e inclusión rural para la nueva política de seguridad

En una reciente jornada de participación ciudadana organizada por la Comisión de Plan y Tierras, los caleños presentaron diversas propuestas y críticas al proyecto de acuerdo 005, que busca implementar una nueva política pública de seguridad para el periodo 2024-2033.

Las intervenciones destacaron la necesidad de fortalecer la prevención del delito, mejorar la justicia restaurativa y asegurar una adecuada dotación de recursos para la ejecución de estas políticas.

Un aspecto recurrente en las propuestas ciudadanas fue la necesidad de implementar una política efectiva de prevención del delito.

Los participantes subrayaron la importancia de recuperar y equipar las tres casas de justicia existentes antes de construir nuevas, y de aumentar las Inspecciones de Policía y las Comisarías de Familia.

Además, se destacó la urgencia de asegurar los presupuestos necesarios para que la política de seguridad no quede solo en el papel.

La justicia restaurativa también fue un tema clave, con énfasis en su papel para reconstruir el tejido social.

Varios voceros del sector rural expresaron su preocupación por no verse reflejados en el proyecto de política de seguridad.

Resaltaron la importancia de incluir a las zonas rurales en las estrategias de seguridad, ya que estas áreas también enfrentan problemas significativos relacionados con el narcotráfico y otros delitos.

Además, se propuso una mayor integración de la comunidad en la implementación de las políticas de seguridad, con la creación de frentes comunitarios y la participación activa de organizaciones locales.

La reconciliación como mecanismo para mantener el orden fue una de las propuestas destacadas por Claudia Marcela Giraldo, directora de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada.

Se planteó la visibilidad de los límites, las normas y el respeto por la vida y la autoridad.

La educación y la cultura ciudadana se mencionaron como herramientas esenciales para promover un ambiente de respeto y cumplimiento de las normas.

Financiación del proyecto

La debilidad en la financiación del proyecto de seguridad fue otro punto crítico abordado por los participantes.

María Grace Figueroa Ruiz, experta en derecho policivo, señaló que los recursos provienen de varias secretarías que no generan un impacto significativo en temas clave como la prevención del delito.

Se enfatizó que sin un aumento en el presupuesto y una gestión financiera adecuada, la política de seguridad corre el riesgo de no ser efectiva.

La modernización y el uso de tecnología en la seguridad fueron temas recurrentes.

Manuel Pineda, de Asobares Capítulo Valle del Cauca, propuso el uso de las 1.500 cámaras privadas existentes en los negocios de recreación para mejorar la vigilancia.

Además, se destacó la necesidad de mejorar la iluminación de calles y zonas públicas.

El coronel retirado Carlos Javier Soler Parra sugirió que se debe contar con una herramienta fuerte desde el aparato judicial para combatir el hurto y propuso recuperar el espacio público para prevenir el crimen.

John Edwar Montaño Cortes, Consejero de Juventud de Cali, resaltó la importancia de la justicia restaurativa y la inclusión de las organizaciones de base que trabajan con jóvenes.

Se propuso utilizar el deporte, la cultura, la educación y la tecnología como herramientas para prevenir la delincuencia juvenil.

Este enfoque busca atacar factores de riesgo como el uso de las redes sociales para convocar a situaciones de riesgo.

David Gómez, de Propacífico, subrayó que la política de seguridad debe vincular a la ciudadanía y a quienes tienen experiencia en seguridad.

Este enfoque colaborativo busca aprovechar el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para desarrollar estrategias más efectivas.

Destacó que la participación ciudadana no solo es un componente clave, sino también una herramienta para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las políticas de seguridad.

El respeto por los derechos humanos y la prevención de la violencia fueron temas cruciales en las intervenciones ciudadanas.

Se propuso una política de seguridad que priorice la prevención sobre la represión y que respete los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables.

Este enfoque busca crear un ambiente de seguridad basado en el respeto y la inclusión.

Las propuestas y críticas presentadas por la ciudadanía de Cali durante la jornada de participación reflejan una preocupación profunda por la seguridad y un deseo de participar activamente en la construcción de políticas más efectivas.

La inclusión del sector rural, el fortalecimiento de la prevención del delito, la modernización de la fuerza pública y el respeto por los derechos humanos son elementos esenciales que los caleños consideran vitales para una política de seguridad efectiva y sostenible para los próximos años.

La respuesta de la Alcaldía de Cali y la incorporación de estas propuestas serán determinantes para el éxito del proyecto de seguridad pública.

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