Colombia reduce la pobreza energética, pero el país avanza más lento de lo necesario

Este miércoles fue presentado en Cali el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE) 2024, un instrumento técnico diseñado por la Fundación Promigas y la firma Inclusión SAS que, por tercer año consecutivo, mide las brechas de acceso, calidad y uso de la energía en Colombia.

El resultado central del estudio muestra un avance moderado: el país redujo en el último año 300.000 personas en condición de pobreza energética, pasando de 8,4 millones en 2023 a 8,1 millones en 2024. Aunque el progreso es constante, los investigadores advirtieron que la velocidad sigue siendo insuficiente.

El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, destacó que el país ha logrado disminuir la pobreza energética, pero podría avanzar mucho más rápido si existiera una política pública más focalizada.

Recordó que Colombia necesita acelerar el paso para cumplir la meta de reducir esta condición a un solo dígito antes del 2030.

Hoy, el indicador nacional está en 15,4%, lo que significa que, manteniendo el ritmo actual, el país tardaría alrededor de una década en llegar a la meta.

El IMPE mide cuatro dimensiones: acceso y calidad del servicio, vivienda funcional y liberadora de tiempo, conectividad, y territorio equipado para el bienestar.

La primera —acceso y calidad— representa el 40% del índice y fue la que más deterioro mostró durante el último año, especialmente en la región Caribe, donde departamentos como Atlántico registraron aumentos importantes en las interrupciones eléctricas.

Municipios como Soledad y Malambo fueron señalados como casos críticos. En contraste, ciudades como Montería y Turbaco mostraron mejoras en la prestación del servicio.

El Valle del Cauca fue una de las regiones destacadas. El departamento se ubicó entre los de menor pobreza energética del país, junto con Bogotá, Antioquia y Quindío.

El indicador departamental llegó a 3,4%, gracias a ciudades como Cali, donde la pobreza energética es de apenas 1,5%. Sin embargo, el estudio reveló brechas profundas dentro del territorio.

Municipios como El Águila (42%) y El Cairo (39,9%), en el norte del Valle, registran niveles comparables con zonas aisladas de La Guajira o el Vaupés. Buenaventura, por su parte, presenta un índice del 12%, lo que evidencia desigualdades marcadas entre la ciudad y los municipios periféricos.

El gerente de Inclusión SAS, Francisco Espinosa, explicó que el IMPE permite “ver con lupa” las diferencias territoriales y orientar decisiones.

Según dijo, el país podría sacar hasta 3 millones de personas de la pobreza energética en seis años si se ejecutan acciones concretas: recuperar la calidad del servicio eléctrico en la Costa Caribe, acelerar el plan de sustitución de leña, fortalecer la dotación de electrodomésticos esenciales como lavadoras y neveras, y garantizar energía a todos los colegios —incluidos los rurales aislados— mediante soluciones solares.

Durante el evento también se presentaron avances de programas territoriales como Misión La Guajira, que ha beneficiado a 25.000 personas en dos años con soluciones de acceso, equipamiento y uso eficiente de la energía.

El lanzamiento del IMPE reafirma a Cali como un referente nacional en la discusión sobre bienestar energético. Más allá de las cifras, el mensaje central del estudio es claro: Colombia avanza, pero necesita acelerar.

La energía no solo ilumina hogares; también determina oportunidades, tiempo disponible y calidad de vida. Y esa brecha aún persiste para millones.

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