A 40 años de la tragedia que marcó la democracia colombiana

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia presenció una de las jornadas más dramáticas de su historia.

El asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la posterior retoma militar dejaron más de 90 muertos, once desaparecidos y una herida institucional que aún no cicatriza.

Cuatro décadas después, el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) ofrece una mirada integral sobre lo ocurrido, sus causas y responsabilidades.

El ataque: una operación que desbordó sus objetivos

La Comisión de la Verdad reconstruye el inicio de la toma a las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre. Un comando de 35 guerrilleros del M-19, liderado por Andrés Almarales, Luis Otero Cifuentes y Alfonso Jacquin, ingresó armado al Palacio bajo la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.

El objetivo declarado era realizar un “juicio político” al presidente Belisario Betancur por el supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz de 1984.

El informe señala que la acción fue “una decisión política y militar adoptada por la dirección nacional del M-19, bajo el liderazgo de Álvaro Fayad”, y la califica como “una operación irresponsable que desconoció las consecuencias humanas y éticas de atacar el corazón de la justicia”.

En entrevista con la Comisión, el excomandante Antonio Navarro Wolff reconoció:

“El M-19 cometió un grave error. Creímos que el Estado respondería con diálogo, no con fuego. Nadie imaginó que aquello terminaría en una tragedia.”

Otro exmiembro del movimiento, citado bajo reserva, agregó:

“Se trataba de un acto político simbólico, no de una guerra. Pero cuando empezó el tiroteo, entendimos que no había retorno.”

La retoma: el fuego del Estado

Las Fuerzas Militares respondieron con una operación de gran escala que, según la Comisión, “excedió los límites del derecho internacional humanitario”.

El Palacio fue bombardeado, incendiado y finalmente reducido a ruinas. La orden de recuperar el edificio “a sangre y fuego” marcó una ruptura entre el poder civil y militar.

El informe documenta que el presidente Belisario Betancur fue informado continuamente, pero no ejerció control sobre las decisiones tácticas. “Hubo un abandono del mando civil”, concluye la Comisión.

El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, declaró ante la Comisión:

“El objetivo era recuperar el edificio y rescatar a los magistrados. Nunca se nos ordenó incendiar el Palacio.”

Entre los testimonios más estremecedores, Darío Quiñones, empleado de la cafetería, relató:

“Nos gritaban que saliéramos, pero afuera también disparaban. Corríamos entre cadáveres y humo.”

Y Amanda Leal, sobreviviente, contó:

“Escuchábamos los gritos, las ráfagas, el calor del fuego. Sentíamos que no íbamos a salir vivos.”

Las consecuencias: Estado, insurgencia y crimen

Para la Comisión de la Verdad, el Palacio de Justicia fue escenario de “la confluencia de tres violencias: la insurgente, la estatal y la del narcotráfico”.

Según el informe, el Cartel de Medellín habría influido en la financiación del operativo, buscando la destrucción de expedientes judiciales sobre extradición.

La tragedia desbordó el campo militar. Once personas —entre ellas empleados de la cafetería y visitantes— desaparecieron tras ser evacuadas por el Ejército.

Décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

El análisis de la Comisión es contundente:

“El Estado perdió su legitimidad cuando su deber de proteger la vida fue sustituido por la lógica de la guerra.”

Un legado que interpela a las instituciones

Cuarenta años después, el Palacio de Justicia continúa siendo un espejo de las tensiones entre seguridad, poder y verdad. La Comisión insiste en que “el esclarecimiento no debe verse como revancha, sino como condición de democracia”.

Su llamado es a reconocer todas las responsabilidades —guerrilleras, estatales y criminales— y garantizar la memoria de las víctimas.

El fuego del 6 y 7 de noviembre de 1985 no solo destruyó un edificio; transformó para siempre la relación entre el Estado y la justicia.

La tarea pendiente sigue siendo construir confianza en las instituciones que deben garantizar que hechos como este no se repitan.

📜 Más detalles del informe aquí 👉🏻 La Comisión de la Verdad y el Palacio de Justicia: la historia contada desde la memoria

Fuente: Informe Final de la Comisión de la Verdad – Caso Palacio de Justicia (2022) [PDF]

Esta nota hace parte de la serie especial “40 años del Palacio de Justicia – La verdad que no se apaga”, publicada por Diario Occidente con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022). Descárgalo aquí

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