Cuando gobernar fracasa, aparece el decreto

En política hay una regla no escrita pero infalible: cuando un Gobierno no logra convencer, intenta imponer.

Y eso es exactamente lo que estamos viendo con la llamada emergencia económica.

No es una respuesta a una crisis inesperada; es el último recurso de un Ejecutivo que perdió el rumbo, el respaldo político y la capacidad de gobernar democráticamente.

Esta emergencia no nace de un hecho extraordinario. No hubo un colapso externo ni una situación imprevisible.

Lo que hay es un problema estructural que el propio Gobierno ayudó a profundizar: un desorden fiscal, una caída de la confianza y una incapacidad evidente para construir mayorías en el Congreso.

Ante ese escenario, el presidente opta por el atajo: decretar lo que no logró tramitar y cobrar lo que fue incapaz de consensuar.

Lo grave y aquí está el fondo del asunto es que el Gobierno sabe que la figura es jurídicamente frágil. No se trata de un error de interpretación ni de una lectura ingenua de la Constitución.

Es una apuesta consciente y calculada. Con un objetivo político claro: forzar decisiones económicas, aun sabiendo que la Corte Constitucional puede tumbarlas después.

Mientras tanto, el mensaje ya quedó enviado y el impacto económico ya se siente.

Esta forma de gobernar erosiona la institucionalidad. La emergencia económica no fue creada para corregir errores de gestión ni para suplir derrotas legislativas.

Usarla así rompe el equilibrio de poderes y convierte al Congreso en un actor decorativo. Y cuando el Ejecutivo decide que el debate democrático es un obstáculo y no una obligación, entramos en una pendiente peligrosa para el Estado de Derecho.

Además, hay una contradicción que no se puede pasar por alto: el Gobierno reconoce que los problemas fiscales son estructurales, pero al mismo tiempo los presenta como una urgencia inesperada.

Ambas afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo estructural se planea, se discute y se corrige con reformas serias; lo extraordinario se atiende con medidas excepcionales. Aquí no hay emergencia, hay improvisación.

Esto no es solo un error jurídico; es una irresponsabilidad política, es una irresponsabilidad política.

Genera inseguridad jurídica, espanta la inversión y refuerza la idea de que en Colombia las reglas cambian según la conveniencia del Gobierno de turno. Ninguna economía crece cuando las decisiones fiscales se toman por decreto y bajo presión.

La emergencia económica, usada de esta manera, no resuelve el problema fiscal; lo agrava. Castiga al sector productivo, frena el empleo y termina afectando a los ciudadanos comunes, esos mismos a los que el discurso oficial dice defender.

No hay ajuste del gasto, no hay reducción del Estado, no hay autocrítica. Solo más impuestos y más poder concentrado en el Ejecutivo.

Gobernar no es improvisar ni imponer. Gobernar es anticiparse, dialogar y respetar los límites del poder. Hoy queda claro que el problema de fondo no es la falta de recursos, sino la falta de dirección.

Y mientras se siga confundiendo autoridad con imposición, Colombia seguirá pagando el precio de un desgobierno que prefiere el decreto al consenso y la imposición a la responsabilidad democrática.

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