Nuestra responsabilidad con lo público

La forma como respetamos y cuidamos lo público es la mejor forma de entender por qué unos países tienen mayores niveles de desarrollo que otros; esto se refiere a la mayor o menor calidad de vida como producto del compartir, o no, recursos comunes, tales como el aire, el espacio, el medio ambiente, los servicios, las vías, las leyes y el presupuesto público, entre otros.

Llamamos público a lo que es de todos y está al servicio de todos, por el solo hecho de ser habitantes de una comunidad, sin importar si somos ricos o pobres, letrados o no, de capital o provincia o de cualquier género, raza o condición física o psíquica.

El irrespeto y mal aprovechamiento de lo público es el camino hacia el deterioro social. Todos, sin excepción, somos responsables de su cuidado.

Si permitimos que lo público se privatice o acabe; es decir, que unos pocos se apropien o dañen lo que es de todos, afectamos la sostenibilidad y la sustentabilidad planetaria.

Cuando hablo de la responsabilidad hacia lo público, no me refiero solo al rol que debemos desempeñar quienes (como yo en mi caso, rector de una universidad de carácter oficial) debemos tener, obligados por la ley, por ser servidores del Estado, sino al compromiso social, legal, ciudadano y, sobre todo, moral, de todo habitante, sin importar edad, condición económica o trabajo, pues tanto quienes devengan dinero del Gobierno, como quienes realizan actividades privadas, tenemos la obligación de cuidar todo lo público si queremos mejorar la convivencia y calidad de vida.

Algunos erróneamente creen que lo público sólo sirve para exigir derechos (a la vida digna, a la salud, a la educación, a subsidios, al agua, a la libre movilidad…), sin considerar que la buena convivencia también demanda obligaciones o deberes, tales como respetar las leyes, pagar todos los impuestos, atender las normas de tránsito, no contaminar afluentes, no saltarse las filas ni el debido proceso, cuidar el mobiliario de las ciudades, reponer los dineros o propiedades públicas dañadas por nuestra culpa, por solo citar algunas responsabilidades.

La defensa de lo público no implica solo no atentar contra ello, sino también defenderlo, y esto implica, además, combatir y denunciar prácticas orientadas a perder o privatizar lo público a favor de unos pocos; a no cohonestar con intermediarios y tramitadores que enredan los servicios públicos para hacerse necesarios; a rechazar beneficios o subsidios inmerecidos (como aquellos de salud o educación que, por ley, no son propios para nuestra condición socioeconómica); a demandar los soportes financieros propios de toda operación con impacto tributario; a votar en las elecciones responsablemente por quien creemos a conciencia que es la mejor opción, y a actuar como un buen ciudadano en todo el sentido de la palabra sin necesidad de hacerlo bien porque hay una cámara, un vecino, un superior o un policía cerca; y a dar buen ejemplo y transmitir esta actitud cívica responsable a los hijos y a todos los menores de edad, entre otras conductas.

Si solo exigimos derechos y no asumimos nuestros compromisos, impulsamos una sociedad en donde prime la ley del más fuerte y no las del merecimiento, el trabajo, la equidad y la subsidiariedad.

Si no respetamos y nos dejamos arrebatar lo público, contribuimos a canibalizar nuestra sociedad; a que los semáforos tengan dueño; a que las mafias se apoderen de trámites creados para cualquier ciudadano; a que la justicia actúe a favor de los violentos; a que los presupuestos para pedagogía y prevención se disminuyan por la necesidad de hacer control e intervención sancionatoria; a que el clientelismo y el nepotismo alimenten la frustración de quienes añoran alcanzar resultados y trabajos como producto de su formación, esfuerzo y respeto de la legalidad, entre otros negativos impactos.

Es desde la familia, con el ejemplo de los gobernantes y responsables con liderazgo y con una educación de calidad como podemos asegurar que el respeto por lo público sea norma de norma en toda interacción y palanca social para que Colombia pueda, realmente, avanzar como un país que proyecta el bienestar extendido a toda su población.

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