La izquierda que predica “ética” y se financia con fantasmas

Yo confieso algo: cada día me sorprende menos la capacidad del Pacto Histórico para indignarse cuando los investigan y para hacerse el distraído cuando aparecen los hechos.

Porque lo que hoy conocemos sobre las cuentas de campaña de Carolina Corcho e Iván Cepeda no es un “error contable”, ni una “persecución política”, ni un malentendido administrativo.

Es, lisa y llanamente, un insulto a la inteligencia de los colombianos.

Durante años nos dijeron que ellos eran distintos. Que no robaban, que no mentían, que no transaban.

Que su causa era “la vida”, “la dignidad”, “la transparencia”. Y ahora resulta que sus campañas se financian con restaurantes inexistentes, empresas en liquidación y microempresas que niegan haber aportado un solo peso.

No es una sátira política. Es Colombia, 2026, versión Pacto Histórico.

El caso de Carolina Corcho es casi una obra de teatro del absurdo. Más de 700 millones de pesos provenientes de un restaurante que nadie encuentra, que no opera, que aparece en liquidación y que, aun así, tiene la generosidad de prestarle una fortuna a una campaña política.

Un restaurante fantasma con inesperada vocación de banquero. Si no fuera trágico, sería genial… para una novela de ficción. Pero no: es la financiación electoral de quienes aspiran a dirigir el país.

¿Y la respuesta? La de siempre. “Todo está reportado”. Como si reportar algo automáticamente lo volviera legítimo. Como si la ley se limitara a llenar casillas en un formulario.

Iván Cepeda, por su parte, encarna una contradicción aún más dolorosa. El senador que ha construido su carrera señalando, denunciando y acusando, hoy enfrenta algo elemental: personas y empresas que aseguran no haber entregado los recursos que aparecen a su nombre.

Es decir, dinero que nadie reconoce como propio, pero que mágicamente terminó financiando una campaña.

¿Cómo lo llamaríamos si esto le ocurriera a otro sector político? Exacto: escándalo mayúsculo.

Pero aquí ocurre el milagro ideológico, cuando el problema es del Pacto Histórico, deja de ser problema.

Todo se vuelve “ataque”, “cortina de humo” o “persecución”. Nunca hay autocrítica. Nunca hay vergüenza. Nunca hay una explicación clara y completa.

Solo hay una narrativa defensiva que pretende hacernos creer que cuestionar es pecado y preguntar es conspirar.

Este sector ha hecho del moralismo selectivo su bandera. Porque han linchado reputaciones por mucho menos.

Porque han exigido renuncias inmediatas, investigaciones exprés y condenas mediáticas cuando el señalado es “el otro”.

Pero cuando las dudas los tocan a ellos, entonces el estándar cambia. La ética se relativiza, la transparencia se diluye y la coherencia desaparece.

Aquí no se está juzgando una ideología; se está exigiendo algo mínimo en una democracia: saber quién pone la plata y por qué.

Porque el dinero en política no es neutro. El dinero condiciona, compromete, cobra. Y cuando su origen es turbio o inexistente, el riesgo no es solo legal: es democrático.

Si este es el “cambio” que prometieron, es un cambio para peor. Si esta es la “nueva política”, es la vieja política maquillada con discursos progresistas.

Y si este es el nivel de transparencia con el que pretenden volver a pedir el voto, entonces no deberían sorprenderse cuando la ciudadanía responda con escepticismo, hastío y rechazo.

Porque al final, lo único verdaderamente claro en este episodio no son las cuentas, ni los informes, ni las explicaciones oficiales.

Lo único claro es la incoherencia monumental entre lo que predican y lo que hacen. Y eso, más que rabia, produce una profunda vergüenza ajena.

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