El tren no se puede descarrilar por mezquindad

El 8 de noviembre vence el plazo para que el gobierno nacional firme la cofinanciación del tren de cercanías del Valle del Cauca, un proyecto vital para el desarrollo regional que lleva más de una década en planeación y hoy se encuentra a un paso de hacerse realidad.

La ley de garantías electorales entrará en vigor ese día y, con ella, se cerrará la posibilidad de comprometer los recursos del gobierno central, que debe aportar el 70% de la inversión.

Sin embargo, el silencio del presidente Gustavo Petro mantiene en incertidumbre a Cali, a la Gobernación y a los municipios involucrados.

Más preocupante aún es que ahora, cuando el proyecto necesita respaldo institucional, surgen voces desde el propio petrismo justificando la inacción del Gobierno.

Algunos concejales, diputados y congresistas del Valle, afines al presidente, intentan desinformar a la opinión pública, afirmando que los recursos serían utilizados por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder con fines electorales.

Esa afirmación, además de falsa, es irresponsable. Los recursos de la Nación no serán manejados ni por la Gobernación ni por la Alcaldía, pues el tren cuenta con una gobernanza propia y una estructura administrativa independiente.

También es falso que la cofinanciación beneficie campañas políticas. Los desembolsos del gobierno nacional, en caso de aprobarse, solo se desembolsarían en 2028, mientras que las elecciones legislativas están previstas para marzo de 2026.

Es decir, no existe ninguna relación temporal ni operativa entre una cosa y la otra. En cambio, si no se firma el acuerdo, el Valle perderá una oportunidad histórica de modernizar su movilidad, dinamizar su economía y avanzar en un modelo de transporte sostenible que conecte Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira.

El tren de cercanías no es un proyecto de la gobernadora ni del alcalde, es una apuesta del Valle del Cauca, una obra de interés regional que debe trascender los colores políticos.

Convertirlo en un instrumento de disputa partidista o en un argumento electoral es un acto de mezquindad que castiga a los vallecaucanos.

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