Cali, abril 11 de 2026. Actualizado: viernes, abril 10, 2026 23:36
Destrucción del MIO afecta a miles y exige sanción social y judicial
Cali no puede normalizar el vandalismo
Los hechos registrados el 8 de abril en Cali, donde una jornada de protestas derivó en vandalismo contra estaciones del MIO, reabren una pregunta de fondo: ¿por qué la ciudad debe tolerar la destrucción como forma de protesta? Ocho estaciones resultaron afectadas, con daños en puertas, validadores y torniquetes, mientras cerca de 50.000 usuarios enfrentaron dificultades de movilidad, especialmente en el corredor de la Calle 5.
Sin embargo, más allá del impacto inmediato, lo ocurrido evidencia un problema más profundo.
Los daños superan los 100 millones de pesos, recursos públicos que deberán destinarse a reparar lo destruido, en lugar de invertirse en mejorar el servicio.
Además, el vandalismo también afectó espacios culturales como la galería urbana frente a Yawa, lo que amplía el daño a iniciativas que promueven conocimiento y cultura.
En ese contexto, resulta necesario decirlo con claridad: esto no es protesta, es violencia. Violencia contra miles de caleños que dependen del transporte público, contra trabajadores, estudiantes y familias que ven alterada su rutina por acciones que no tienen justificación.
Validar estas conductas solo perpetúa un ciclo que la ciudad ya conoce demasiado bien.
Por eso, no basta con rechazar los hechos, es indispensable que los responsables sean identificados y judicializados.
El mensaje debe ser claro: quien destruye bienes públicos debe responder ante la ley. Casos como el de Epa Colombia demuestran que este tipo de conductas sí tienen consecuencias, y así debe mantenerse.
Además, preocupa que estos hechos ocurran a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
Hace cuatro años, Cali vivió bloqueos, vandalismo y violencia que luego fueron capitalizados políticamente, un antecedente obliga a preguntarse si existe hoy algún tipo de conexión o interés detrás de lo ocurrido.
Por ello, se requiere una sanción social clara, donde los ciudadanos rechacen estas conductas y dejen de validarlas como expresión legítima.
Cali no puede seguir siendo sinónimo de desorden. La pregunta es si la ciudad está dispuesta a poner límites o a seguir normalizando la destrucción.

