Cali ofrece hasta $20 millones por datos sobre fábricas y depósitos ilegales de armas

La Alcaldía de Cali implementó una nueva estrategia para combatir el tráfico de armas ilegales en la ciudad.

A través de un programa de recompensas, las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y desmantelar lugares donde se fabrican, almacenan o comercializan armas de fuego.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Eder durante un consejo de seguridad ampliado, llevado a cabo en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali.

Según el mandatario, esta iniciativa busca reforzar las acciones contra los delitos de alto impacto y garantizar mayor tranquilidad a los ciudadanos.

La convocatoria también incluye datos que ayuden a prevenir ataques terroristas. “Desde la Alcaldía y las distintas instituciones, estamos comprometidos con la seguridad de los caleños, pero la debemos trabajar entre todos”, expresó Eder al finalizar la reunión.

Incautaciones y capturas en 2025

Durante el año 2025, la Policía Metropolitana de Cali incautó 1327 armas de fuego. Además, capturó a 1038 personas señaladas por el delito de porte ilegal, dentro de un total de 6704 detenciones realizadas en la ciudad.

El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana, explicó que el objetivo del programa es impactar de forma directa en la reducción de homicidios, lesiones personales y otros delitos asociados al uso de armas ilegales.

Arias señaló que, gracias a los operativos y a la colaboración de la comunidad, se lograron avances importantes en materia de seguridad.

De hecho, el año anterior se registraron 33 días sin homicidios, lo que se considera un logro significativo en una ciudad donde la violencia armada representa un desafío constante.

Denunciar de forma segura

La administración distrital invita a la ciudadanía a brindar información de forma anónima, a través de la línea 123.

Toda la información recibida será verificada y tratada con reserva, garantizando la seguridad de quienes decidan colaborar.

Las autoridades reiteran que la participación activa de la comunidad es fundamental para enfrentar el problema estructural del tráfico ilegal de armas.

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