Chantaje popular

Desde hace meses, el presidente Gustavo Petro ha promovido una narrativa peligrosa: “si el Congreso no aprueba, el pueblo decide”, que en la práctica se traduce como “si no hacen lo que quiero, saco al pueblo a la calle”.

Cuando sus reformas fracasan por falta de consenso, no responde con diálogo, sino con presión en las calles, amenazas de constituyente o consultas populares.

Tras el hundimiento de su reforma laboral —dos veces— el Gobierno optó por acudir a una consulta popular, no como ejercicio democrático, sino como herramienta de presión institucional y, de paso, como vehículo para anticipar su campaña hacia 2026.

No es una estrategia nueva. Petro, como candidato, ya había aprovechado la indignación legítima de millones de colombianos frente a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción o la exclusión.

Problemas reales, sí, pero que no se solucionan con arengas sino con resultados, buena gestión y consensos.

Una vez en el poder, muchos esperaban que asumiera con responsabilidad institucional. Pero ha optado por mantenerse en modo campaña, descalificando a quienes piensan distinto, atacando al Congreso, al empresariado, a los medios e incluso a las entidades que lo controlan.

Mientras tanto, el país exige soluciones urgentes.

El Gobierno parece en huelga: improvisa, posterga decisiones, fracasa en la ejecución. A pesar de haber tenido los presupuestos más altos de la historia —$405 billones en 2023, $435 billones en 2024 y $502 billones proyectados para 2025— su desempeño ha sido pobre.

Las excusas abundan: que las instituciones están cooptadas, que el Congreso bloquea, que los empresarios sabotean, que los medios desinforman. La culpa, siempre, es de otros.

Además, ha caído en una profunda incoherencia. Critica la “mermelada”, pero reparte burocracia. Denuncia el clientelismo, pero negocia como cualquier otro.

Y aun con esas prácticas, no ha conseguido consensos duraderos ni avances sustanciales en sus reformas.

En democracia, gobernar no es imponer. Es concertar. Petro fue elegido por 11,3 millones de colombianos.

Pero al Congreso lo eligieron más de 18 millones, y de esos, 11,8 millones votaron por partidos que hoy son independientes o de oposición.

El Legislativo también representa al pueblo, y su función no es aplaudir al Ejecutivo, sino deliberar con autonomía.

Petro no es la única voz del pueblo y tampoco es el primer presidente al que le archivan un proyecto de Ley, nadie puede pretender que aprueben un proyecto sin cambios en el articulado e incluyendo propuestas de los congresistas, y así mismo ellos no pueden pretender imponer sus ideas.

Decir que el Congreso bloquea al Gobierno es falso. Le ha aprobado su Plan Nacional de Desarrollo, una reforma tributaria estructural, dos presupuestos generales, múltiples leyes sectoriales y la reforma pensional, con varios ajustes.

La relación institucional ha funcionado cuando ha habido voluntad de concertación.

La reforma laboral es un caso ejemplar. Fue presentada sin estudios técnicos rigurosos, sin consenso con empresarios ni trabajadores, y sin disposición real al diálogo.

Fue archivada dos veces: la primera por errores de trámite; la segunda, por falta de apoyos y advertencias técnicas sobre sus riesgos para la formalidad laboral.

Tras esa derrota, vino el chantaje: una consulta con 12 preguntas ambiguas y populistas, varias sobre temas ya regulados o que son competencia exclusiva del Congreso.

El presidente afirmó: “si el Congreso no aprueba, el pueblo revoca”. No es participación. Es presión.

El Congreso negó esa solicitud —que costaría más de $700 mil millones— y revivió el trámite de la reforma laboral.

En lugar de corregir, el Gobierno volvió a radicar la consulta, ahora con 16 preguntas, incluyendo cuatro sobre salud, mientras la reforma respectiva aún cursa en el Senado.

Y como si fuera poco, ahora se promueve un paro nacional para el 28 y 29 de mayo. ¿Marchar contra qué? ¿Contra un sistema de salud que el propio Gobierno ha desfinanciado? ¿Contra una informalidad laboral que podría agravarse con su reforma? ¿Contra un Congreso que ha aprobado buena parte de su agenda?

Protestar es un derecho legítimo. Pero convocar a un paro desde el Ejecutivo para presionar al Legislativo no es protesta.

Es abuso de poder. Sabemos cómo empiezan estas movilizaciones, pero no cómo terminan. El país aún recuerda las graves consecuencias del estallido social.

La democracia representativa no se debilita porque un proyecto se archive o se modifique. Se debilita cuando se amenaza al Congreso, se manipula la figura del pueblo y se utiliza la participación directa como un atajo frente a las reglas institucionales.

Lo más preocupante es que el Gobierno no busca consensos, sino división. Enfrenta a trabajadores con empresarios, al Congreso con los ciudadanos, a la legalidad con la supuesta “legitimidad popular”.

Pero Colombia necesita lo contrario: acuerdos serios, reformas viables, respeto por la Constitución y por los límites del poder.

Sí, las reformas sociales son necesarias. Pero no así. No con consultas populistas, no con paros promovidos desde el Gobierno, no con narrativas que debilitan la institucionalidad.

El verdadero cambio requiere gobernar con resultados, no con discursos.

El uso reiterado de consultas como mecanismo de presión es un chantaje disfrazado de participación. Colombia no necesita más polarización. Necesita soluciones.

Y eso empieza por respetar la separación de poderes, reconocer los contrapesos y fortalecer el sistema democrático, no socavarlo.

PD: Esta semana, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate la reforma laboral, con cambios sustanciales. En mi próxima columna responderé una a una las 16 preguntas de la consulta, con argumentos técnicos y visión propositiva.

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