Sin seguridad no hay empleo

Sentirse seguro no debería ser un privilegio. Es el punto de partida para vivir, trabajar, estudiar, emprender, salir a vender en la calle o simplemente ir a recoger a los hijos.

Sin seguridad no hay vida en comunidad, ni empleo, ni progreso posible. Todos en algún momento nos hemos sentido inseguros o amenazados, pero hay quienes cada día en el Valle del Cauca salen a ganarse la vida con miedo.

No puedo imaginar el terror que sintieron la semana pasada las más de 300 familias de la zona rural de Jamundí que tuvieron que huir de sus hogares.

Aunque ya retornaron, hoy permanecen confinadas, vigilando cada paso, porque en cualquier momento sus vidas pueden estar en riesgo. Lo preocupante es que esto ya había pasado antes en el Valle.

En lo corrido de 2025, el departamento ya suma al menos 600 personas desplazadas masivamente, más de 3.400 desplazadas individualmente y más de 6.000 confinadas.

Estas no son cifras frías: son vidas truncadas, niños sin estudiar, madres desamparadas, negocios cerrados, proyectos familiares aplazados.

Y sin estabilidad no hay confianza, sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay empleo.

Cuando hablamos de seguridad no nos referimos a ideologías ni doctrinas. Hablamos de algo tan esencial como poder caminar por la calle, abrir una tienda sin miedo a extorsiones, cruzar un corregimiento sin que te recluten, o visitar a tu madre en el hospital sin quedar atrapado en un fuego cruzado.

Tener seguridad es saber que puedes volver a casa al final del día. Y hoy, para muchas personas en el suroccidente colombiano, eso no está garantizado.

Mientras algunos insisten en reducir el debate a etiquetas políticas, las comunidades siguen enfrentando el terror cotidiano del crimen organizado, las bandas urbanas y los grupos armados.

En un departamento que hasta hace unos años no tenía los peores indicadores del país, hoy vemos con preocupación cómo la inseguridad gana terreno.

Ya se vuelven comunes los atentados, las extorsiones, los cultivos ilícitos, el control territorial criminal y la zozobra.

No hay nada más peligroso que acostumbrarnos a estos hechos. Porque el miedo diario se vuelve cárcel para miles de hogares trabajadores, comerciantes, transportadores y jóvenes sin opciones.

La seguridad debe empezar por reconocer esta realidad, rechazarla y no dejar que se vuelva costumbre.

Proteger la vida cotidiana y permitir que cada quien pueda desarrollar sus actividades libremente debe ser un objetivo fundamental.

Pero para lograrlo es necesario distinguir las responsabilidades. El Gobierno Nacional tiene el deber de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza.

No hay paz posible si el Estado cede el control territorial a disidencias, carteles o estructuras criminales.

Esto no significa militarizar el país, pero sí disponer del pie de fuerza adecuado para cada territorio, con presencia integral del Estado: Fiscalía, jueces, inteligencia, bienes públicos.

También debe construir una arquitectura de inteligencia criminal eficaz, que anticipe amenazas, rastree finanzas ilegales y desmantele redes completas, no solo capturar eslabones débiles.

Y, sobre todo, adoptar una estrategia que combine justicia, desarrollo y control territorial, con enfoque diferenciado por región.

Al mismo tiempo, los entes territoriales deben asumir su papel. Las alcaldías y gobernaciones conocen el territorio y pueden liderar soluciones en el ámbito urbano y rural.

Les corresponde garantizar entornos seguros con alumbrado público, entornos escolares protegidos, cámaras, patrullajes efectivos, recuperación del espacio público, programas de convivencia y articulación comunitaria.

Pero también impulsar proyectos sociales, de infraestructura, empleo, salud y educación que le devuelvan legitimidad al Estado ante los ojos de las comunidades.

Nada de esto se puede lograr sin articulación con la Nación. La seguridad no es un tema exclusivo de los militares o policías: es una causa compartida entre niveles de gobierno y sectores sociales.

Además, si bien la seguridad es vital para la tranquilidad de las familias, también es un factor clave para atraer inversión, recuperar el turismo, consolidar emprendimientos y proteger el empleo.

Ningún empresario invierte donde hay incertidumbre total. Nadie pone una tienda en un barrio donde cada semana hay extorsiones o balaceras.

Y ningún joven va a querer quedarse a construir futuro donde la única opción aparente es sumarse a una estructura criminal.

Decir que hablar de seguridad es “de derecha” es un error. El derecho a vivir sin miedo no tiene ideología: es un derecho de todos.

Lo que sí es de derecha, de izquierda y de centro, es la obligación de garantizarlo. Y hoy, el Estado —en todos sus niveles— está fallando en esa tarea.

La falta de autoridad real y de articulación ha debilitado la capacidad de respuesta. Los ceses al fuego sin condiciones han facilitado la expansión criminal.

Y la ausencia de estrategias diferenciales para los territorios más golpeados ha generado un abandono que se mide en muertos, desplazados y miedo.

No queremos más discursos. Queremos resultados. Queremos poder salir a trabajar sin miedo, caminar sin sobresaltos, estudiar sin amenazas.

Queremos un Estado presente, justo y firme. Que entienda que la verdadera paz no se construye con discursos, papelitos ni negociaciones sin condiciones, sino con justicia, confianza y presencia real.

Sin seguridad no hay empleo. Y sin empleo no es posible construir progreso.

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